El Vía Crucis de la Justicia Mexicana en la Era Post-Reforma

Columnas lunes 13 de julio de 2026 -

El texto del artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos posee una belleza lírica innegable. Promete a toda persona el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, para millones de mexicanos que hoy tocan las puertas de los tribunales federales y locales, ese párrafo no es más que una cruel ficción jurídica.

México atraviesa una crisis de dilación procesal sin precedentes. Si bien el rezago crónico ha sido históricamente el talón de Aquiles de nuestro sistema legal, la implementación y los efectos colaterales de la última e histórica reforma al Poder Judicial han terminado por dinamitar los pilares de la prontitud y la expeditez constitucionales, transformando los juzgados en auténticos embudos institucionales.

La reforma judicial, concebida bajo la narrativa política de limpiar las instituciones y democratizar la justicia mediante el voto popular, trajo consigo una oleada de inestabilidad operativa que paralizó la actividad jurisdiccional a lo largo y ancho del país. La fractura laboral, detonada por los paros prolongados de trabajadores, secretarios de acuerdos y jueces —tanto en el ámbito de la Federación como en los poderes judiciales locales—, congeló la vida jurídica de miles de ciudadanos.

En los pasillos de las sedes judiciales de la Ciudad de México y de las principales capitales del país, el desencanto ciudadano se palpa en el aire. Las historias de la población civil ya no giran únicamente en torno a la tradicional corrupción, sino a la absoluta impotencia frente a la inactividad de las autoridades. Madres de familia que reclaman pensiones alimenticias indispensables para el sustento diario de sus hijos han visto cómo sus expedientes acumulan polvo durante meses debido a la suspensión de actividades y a la posterior reorganización institucional. Padres que litigan la guardia y custodia de menores denuncian que las audiencias básicas se difieren no por semanas, sino por semestres enteros.

El calvario no discrimina materias. Ciudadanos de la tercera edad o personas con discapacidad que acuden a los juzgados federales en materia administrativa para reclamar el cumplimiento de una pensión o la restitución de servicios de salud esenciales, se encuentran con ventanillas cerradas o secretarios rebasados que se limitan a alzar los hombros. Pequeños comerciantes cuyos negocios fueron clausurados arbitrariamente ven pasar los meses sin que un juez resuelva la suspensión en el juicio de amparo, lo que equivale a una sentencia de muerte financiera. La justicia que no es pronta, simple y sencillamente, no es justicia; es una denegación disfrazada de burocracia.

Mientras la discusión pública se concentró en la cúpula de la Suprema Corte y los tribunales federales, las judicaturas locales —donde se dirime el 80% de los conflictos cotidianos de la población— sufren una precarización alarmante. En diversos estados de la República, la extinción de juzgados bajo argumentos de austeridad o reestructuración, sumada a la incertidumbre laboral de los funcionarios judiciales, ha provocado una sobrecarga de trabajo descomunal sobre el personal remanente.

Un solo juzgado de lo familiar o de lo civil en una urbe mediana puede llegar a manejar miles de expedientes activos al año. El resultado es matemáticamente catastrófico: las notificaciones tardan meses en surtirse, los acuerdos de mero trámite tardan semanas en publicarse en el boletín judicial y las sentencias definitivas se retrasan mucho más allá de los plazos perentorios exigidos por los códigos procesales. La reforma, en lugar de inyectar los recursos presupuestarios necesarios para duplicar el número de juzgadores por cada cien mil habitantes —métrica en la que México se encuentra muy por debajo de los estándares de la OCDE—, desvió la energía institucional hacia una transición política y electoral que ha dejado a los tribunales locales en el abandono técnico.

Como profesionales del derecho, observamos con honda preocupación que las modificaciones normativas aplicadas para subsanar los errores operativos de la transición —las llamadas leyes secundarias o reformas de ajuste— tampoco han logrado restablecer el ritmo de la maquinaria judicial. Al contrario, la flexibilización de los filtros estrictos para certificar la alta especialización y experiencia técnica de quienes aspiran a ocupar las plazas de juzgadores amenaza con cronificar la lentitud del sistema.

Un juzgador sin la debida solvencia técnica o que carece del conocimiento minucioso de las complejas reglas procesales del derecho penal, fiscal o civil, irremediablemente tardará más tiempo en estudiar un asunto, dictará acuerdos deficientes que motivarán cadenas interminables de recursos y amparos, y contribuirá, de forma indirecta, a dilatar aún más la resolución del conflicto. El rezago masivo no se combate con discursos ideológicos, sino con infraestructura, capacidad de gestión y estabilidad institucional.

La frustración social está provocando un fenómeno peligroso: los litigantes de la postulancia reportan pérdidas económicas severas que paralizan la actividad comercial, mientras que los ciudadanos de a pie, desencantados por la expectativa fallida de una justicia expedita, optan por abandonar los procesos legales o, en el peor de los casos, buscar vías alternas al margen del Estado de derecho.

El actual escenario de dilación procesal en México representa una flagrante violación colectiva a los derechos humanos y al Pacto de San José. No podemos permitir que el juicio de amparo, la máxima herramienta de defensa del ciudadano frente al abuso de poder, o los juicios ordinarios que estabilizan las relaciones familiares y económicas del país, sigan sumidos en este letargo operativo.

Urge dejar atrás la confrontación y enfocar los esfuerzos del Estado en una reingeniería presupuestal y operativa real. Es imperativo digitalizar la totalidad de los procesos judiciales en el territorio nacional, robustecer las defensorías públicas y garantizar que los nuevos operadores jurídicos cuenten con las herramientas y el personal suficiente para desahogar la inmensa carga laboral. De lo contrario, seguiremos reformando las leyes sobre el papel, mientras en los tribunales reales la justicia continuará llegando tarde... y una justicia tardía es el síntoma más claro de un Estado de derecho en ruinas.