El nuevo pacto judicial

Columnas miércoles 02 de julio de 2025 -

El arribo de Claudia Sheinbaum Pardo al Ejecutivo federal impulsa una etapa de profunda transformación institucional. El sistema de justicia penal, severamente erosionado hace décadas por la cifra negra de delitos —superior al 90%— ha provocado respuestas estructurales inmediatas. Y es precisamente ahí donde el gobierno cimenta ya una política pública basada en el acceso, la transparencia y la legalidad.

Las cifras de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) revelan que sólo el 10.8% de los delitos se denuncia y apenas el 7.1% concluye en una carpeta de investigación. Frente a este panorama, el Ejecutivo federal promueve una reingeniería de fondo que ya está en marcha.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, ha emprendido acciones para simplificar la denuncia, acortar los tiempos de espera y profesionalizar el trato en agencias del Ministerio Público. Las medidas, que forman parte del Plan Nacional de Prevención y Justicia, buscan revertir la media de tres horas para presentar una denuncia.

El centro de esta estrategia no es el aparato burocrático, sino el ciudadano. Una de cada tres personas evita denunciar porque no confía en las autoridades. Otra fracción igual lo considera inútil. Por eso, el plan de justicia pone el foco en las víctimas y en mecanismos de protección, asesoría jurídica y reparación del daño.

El nuevo modelo contempla una red nacional de centros de atención integral, con respaldo técnico de la Secretaría de Gobernación. También incluye herramientas digitales para consultas y denuncias anónimas. La intención es clara, hacer que cada víctima se sienta protegida, escuchada y orientada.

Los diagnósticos más recientes indican que cerca de la mitad de las investigaciones concluyen sin una resolución. Esto llevó a la titular del Ejecutivo a proponer al Congreso de la Unión la modernización de los sistemas de gestión judicial y a establecer métricas de desempeño que permitan evaluar cada instancia de justicia.

La discusión de las reformas sobre la Guardia Nacional y el combate al lavado de dinero no ocurre en el vacío. Coincide con el arribo de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la integración de un renovado circuito judicial. Este paralelismo no es menor: justicia y seguridad ya no pueden concebirse temas separados.

Lo que está en juego no es solamente una cifra, es el derecho de los ciudadanos a obtener justicia. Por eso, las reformas que se discuten en el Congreso de la Unión representan una oportunidad de establecer un nuevo pacto judicial con base en el respeto, la legalidad y la dignidad humana.

Desde Palacio Nacional se plantea un paradigma donde justicia, seguridad y legalidad convergen en una política pública clara y firme. La llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte, el debate sobre la Guardia Nacional y el fortalecimiento institucional en la Fiscalía y el Ministerio Público marcan una oportunidad histórica.

Con voluntad política, liderazgo y decisión, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo continúa con las acciones que se implementaron desde 2018 en la administración de Andrés Manuel López Obrador al desmontar los cimientos de la impunidad estructural enquistada desde décadas atrás. La justicia, como toda construcción social, requiere tiempo, pero también requiere rumbo. Hoy, ese rumbo se encuentra a punto de estar alineado y equilibrado.

 Punto Cero

Christian Gurría Dubernard tomó ayer la dirección de Alsea, esperemos que una de las primeras acciones en sus marcas --entre ellas, Domino's Pizza, Starbucks, Burger King y Chili's—sea profesionalizar a sus empleados en la atención a sus clientes, que está en decadencia extrema.

  *Periodista | @JoseVictor_Rdz Premio Nacional de Derechos Humanos 2017