La violencia vicaria, fue conceptualizada en un principio como el tipo de agresión que sufren las mujeres alrededor del mundo, dañándolas a través de sus seres queridos, en especial sus hijas e hijos. Así sus parejas o ex parejas, inflijen daño a sus descendientes de una manera que causa un daño permanente e irreparable a los mismos y que se traduce en violencia psicológica hacia sus parejas.
Así nace este concepto internacionalmente aceptado, pero el mismo ha ido evolucionando, y actualmente ya no son solo víctimas de la misma las mujeres, sino que en el contexto de la igualdad genérica,
actualmente también lo son las parejas masculinas, y la violencia ya no sólo es física, sino que también ha trascendido a la ausencia de la convivencia de las y los menores de edad con su madre o su padre por igual, cuando dicha pareja termina y deviene en una separación o divorcio.
Es así, que cualquiera de los exintegrantes de dicha relación, que tenga la guarda y custodia de las hijas y los hijos e impida verlos al otro y otra progenitora, ya es un generador de violencia vicaría.En México, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) ha documentado 2,165 de mujeres víctimas en México, dentro de este número, la Ciudad de México ocupa el 21% de los casos.
En noviembre del año pasado, en el Congreso de la Ciudad de México se reformó el Artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con lo que se logró definir en dicha ley qué se debe de entender por violencia vicaria en la capital.
Dicha ley de manera igualitaria podría ser citada en los juicios familiares por los padres, ya que actualmente y como ya se mencionó, también los hombres sufren de dicho mal social, tanto así que el pasado 23 de febrero se suscitó una manifestación que partió del Hemiciclo a Juárez con rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo para exigir el derecho de las madres y los padres que por la mala fe de sus exparejas no han podido disfrutar del régimen de convivencias que ha sido decretado en un juicio familiar.
Por ello, me sumo al llamado a que los órganos jurisdiccionales analicen la problemática actual e impulsen las reformas a las leyes que a su consideración sean necesarias para disminuir dicha problemática. ¡Justicia para ellas y ellos, menores y adultos!