La ley de inteligencia artificial que México necesita: seria, viable y constitucional

Columnas martes 30 de junio de 2026 -

Regular la inteligencia artificial ya no es una discusión futura. México necesita una ley en la materia, pero no cualquier ley. El desafío no consiste sólo en aprobar un nuevo ordenamiento, sino en construir una regulación seria, viable y constitucionalmente sólida: una arquitectura normativa capaz de proteger derechos, ordenar riesgos, asignar responsabilidades y dar certeza a la innovación.

El debate legislativo ya está abierto. En el Senado existe una comisión especializada sobre inteligencia artificial y en la Cámara de Diputados se han impulsado iniciativas, foros y conversaciones públicas sobre una regulación nacional. Ese dato importa: el Congreso no parte de cero. Pero la complejidad del tema exige algo más que voluntad normativa. Regular IA no es redactar una lista de principios generales; es diseñar reglas aplicables para tecnologías que ya inciden en servicios públicos, datos personales, educación, trabajo, justicia, seguridad, economía digital, comunicación pública y toma de decisiones institucionales.

México, además, ya cuenta con piezas normativas que anticipan esta discusión. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias incorporó referencias a sistemas automatizados, algoritmos, redes neuronales, contratos inteligentes, cadena de bloques y transparencia algorítmica. No es una ley integral de inteligencia artificial, pero muestra que el derecho mexicano ya empezó a recibir conceptos tecnológicos complejos de manera sectorial.

También avanza una transformación digital pública de gran alcance. Herramientas como Llave MX, expedientes digitales, documentos electrónicos con validez jurídica, plataformas de trámites, interoperabilidad y repositorios de tecnología pública pueden mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, su implementación también obliga a discutir controles: protección de datos, seguridad, trazabilidad, responsabilidades, auditoría, supervisión humana y evaluación de impacto cuando existan decisiones automatizadas o sistemas con efectos relevantes sobre derechos.

A ello se suma la reconfiguración del sistema de transparencia y protección de datos tras la desaparición del INAI y la redistribución de funciones públicas en esa materia. Este punto debe tratarse sin estridencia partidista, pero tampoco puede omitirse. Cualquier modelo serio de gobernanza de inteligencia artificial necesita contrapesos efectivos en protección de datos personales, acceso a la información, auditoría, supervisión y rendición de cuentas.

Por eso la pregunta legislativa no debe ser únicamente si México tendrá una ley de inteligencia artificial. La pregunta de fondo es qué tipo de ley puede funcionar en el Estado mexicano real. Una regulación útil debería descansar, al menos, en cinco pilares: enfoque basado en riesgos; protección de derechos fundamentales; supervisión humana significativa; transparencia y trazabilidad en usos relevantes; y responsabilidades claras para autoridades, desarrolladores, proveedores y usuarios.

No todos los sistemas de inteligencia artificial deben recibir el mismo trato. No es igual una herramienta administrativa de apoyo que un sistema utilizado para otorgar beneficios sociales, filtrar personas en procesos laborales, identificar rostros, apoyar funciones judiciales, asignar recursos públicos o influir en procesos de comunicación política. A mayor impacto potencial sobre derechos, mayor debe ser la carga de explicación, revisión, auditoría y responsabilidad.

México puede aprender de estándares internacionales, de la experiencia europea y de los marcos comparados de gestión de riesgos. Pero necesita una regulación compatible con su Constitución, su federalismo, sus capacidades administrativas y sus desafíos reales de cumplimiento. Una ley que ignore esas condiciones puede terminar siendo decorativa, inaplicable o incluso contraproducente.

El Congreso tiene una oportunidad importante. No se trata de descalificar las iniciativas existentes, sino de fortalecerlas. La regulación de la inteligencia artificial debe construirse con deliberación pública, apertura técnica, evidencia comparada y visión constitucional. Escuchar a especialistas en derecho, tecnología, datos, justicia, políticas públicas, innovación y derechos humanos no debilita el proceso legislativo; lo fortalece y le da legitimidad.

Regular bien no significa detener el futuro. Significa asegurar que el futuro llegue con derechos, responsabilidad institucional y confianza pública. México necesita una ley de inteligencia artificial, sí. Pero necesita, sobre todo, una ley seria, viable y constitucional: una arquitectura normativa capaz de gobernar la tecnología antes de que la tecnología opere sin controles suficientes.