Los casinos son un negocio como cualquier otro, han sido satanizados por el cine, las series de TV y la ancestral fata de transparencia de las autoridades en el tema. Hay áreas, dependientes de Segob, dedicadas a la regulación de casinos que no han podido ubicar este giro fuera de la trayectoria que la fantasía de los medios impone y prefiere la pasividad, tanto que sólo atienden concursos de la televisión y las tandas de sus empleados.
El caso del casinero Raúl Rocha Cantú, acusado de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, fue captado en Mónaco, gozando de impunidad. De inmediato, fue calificado de cínico, se trata de un prófugo de la justicia, como lo fue, en su momento, Ricardo Anaya, antes de ser senador y Francisco García Cabeza de Vaca.
La diferencia entre ellos la define la ficha roja de Interpol: en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, la FGR la solicitó pero todavía no se otorga de manera oficial, se trata de una demora poco lógica; el caso de Ricardo Anaya, está en pausa porque tiene fuero, y en el caso de Raúl Rocha Cantú, inexplicablemente, la FGR no ha solicitado dicho trámite a la Interpol, de tal suerte que el cinismo que muchos le adjudican podría convertirse en impunidad.
Sabemos que no hay impunidad sin complicidad de las autoridades y las imputaciones contra el casinero, dedicado en su tiempo libre al huachicol y otros negocios ilícitos podrían diluirse. Rocha Cantú carga años de impunidad a cuestas porque no ha sido debidamente investigado, luego del incendio a su casino Royale, en Monterrey, el 25 de agosto de 2011, hace 15 años exactamente, donde murieron 52 personas, sigue abriendo casinos y tratando de monopolizar el giro.
Los casinos son un negocio rentable pero no se comparan con las ganancias obtenidas con el huachicoleo. Actividad que surge al abrir la participación de la iniciativa privada al mercado energético, durante el sexenio de Peña Nieto, sin esa reforma este delito simplemente no existiría. La transformación que todavía no termina, del Poder Judicial, ha servido para descubrir a jueces corruptos que venden todavía impunidades al mejor postor.
Las acusaciones contra Rocha Cantú no provienen de Estados Unidos, es decir, las investigaciones existen en México, y, por lo tanto, son serias. En agosto de 2026, un tribunal federal le revocó un amparo, la FGR solicitó otra orden de aprehensión por una línea de investigación diferente. Esto se suma a un mandato judicial por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.
Las investigaciones lo señalan como beneficiario de una estructura financiera diseñada para el lavado de dinero, entre otras actividades ilicitas. De por sí últimamente las fichas rojas tardan en concretarse, y más cuando no se solicitan.