La sombra que acecha las elecciones

Columnas miércoles 10 de enero de 2024 -

En el complicado escenario electoral de este 2024, México enfrenta un factor crítico que podría determinar el rumbo del país: la presencia insidiosa de grupos del crimen organizado, específicamente vinculados al narcotráfico. Este ingrediente, tan intrínsecamente ligado a la realidad nacional, plantea desafíos que van más allá de la mera disputa política.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece claramente en su catálogo de derechos la necesidad de que las personas puedan elegir a sus representantes de manera segura. Sin embargo, la reciente situación en Ecuador, donde la presencia de grupos del narcotráfico mexicano llevó a decretar un Estado de sitio, genera una pausa reflexiva. La gobernabilidad se ha vuelto un bien preciado en aquel país, y las autoridades han desplegado las fuerzas militares para restaurar el orden.

Esta coyuntura ecuatoriana no puede ignorarse al analizar la realidad mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió informes, calificados como confidenciales, que revelan la incidencia directa de grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada en elecciones pasadas, como ocurrió en Hidalgo. Documentos filtrados por el grupo activista "Guacamaya" y firmados por el general y secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, señalan cómo estos grupos presionaron para influir en el resultado electoral, desviando fondos que superan los 130 mil millones de pesos para favorecer a sus candidatos de interés sólo, en la jornada electoral del 5 de junio de 2022.

Los carteles, identificados por la inteligencia militar, como "El Marino", "Los Olmedo Arista", "La Ardilla", "Don Lupe", "Los Zorras", y "Los Machacles ", han operado en los estados de Hidalgo, México y Querétaro, extrayendo ilegalmente combustible mediante tomas clandestinas. Esta información, revelada en documentos oficiales filtrados, muestra la magnitud del desafío: amenazas a candidatos, mensajes intimidatorios y el desvío de recursos para influir en el proceso democrático; esto, sin contar los recientes brotes de violencia registrados en entidades como Chiapas, Tabasco, Morelos, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Colima, Baja California, entre otros.

Estos tres elementos, la presión del narcotráfico en las elecciones, la evidencia de su injerencia pasada y la complejidad de su accionar en distintas regiones del país, plantean un escenario potencialmente explosivo para las elecciones del 2 de junio próximo. La respuesta inmediata y coordinada de las titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, será crucial.

La situación no puede subestimarse, y es el momento de que las dos secretarías clave en la política interna y la seguridad pública actúen con contundencia. Las acciones que tomen en los próximos días, serán determinantes para el desarrollo del proceso electoral durante los próximos seis meses y, sobre todo, para el día de la elección en junio próximo. México está en un punto de inflexión, y es imperativo que se evite a toda costa vivir una realidad similar a la de Ecuador, con un Estado de sitio provocado por la presencia desbordante de la delincuencia organizada, grupos del narcotráfico, sicarios y bandas que se dedican a la trata de blancas, en su mayoría liderados por criminales mexicanos.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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