Observación electoral 2025

Según la constitución y las leyes de la materia, las y los ciudadanos tenemos ciertos derechos político-electorales cuyo resguardo, promoción y garantía están a cargo del INE. Es el caso del derecho a votar y ser votado, el de asociarse para asuntos políticos o los relativos a la participación en los procedimientos de consulta popular y revocación de mandato.

Uno más es el relativo a observar los procesos electorales y los referidos ejercicios de democracia directa. En efecto, la Ley electoral dispone que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana participar como observadoras/es de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana.

No estamos ante una franquicia menor, y precisamente por eso hay que resaltar que las elecciones presidenciales de 2024 no generaron tanto interés como este año por observar las diversas fases del proceso electoral. En efecto, se recibieron apenas 34,881 solicitudes y terminaron aprobándose 25,126.

Para la elección judicial del domingo 1° de junio, la más grande, compleja y observada de los últimos 35 años, se recibieron 316,431 solicitudes, cifra nunca vista (la mayoría mujeres). Es un dato de entidad superlativa. Del gran total, 315,365 fueron individuales y 1,066 de organizaciones. Al final del plazo, el INE expidió 170,443 acreditaciones, la mayoría también mujeres (103,078).

Llama la atención que unas elecciones judiciales que suscitaron entre 11 y 12 puntos porcentuales de participación ciudadana hayan generado casi 10 veces más de intenciones de observación electoral que el año pasado.

A pesar de todo, quizá el dato más relevante sobre observación electoral de la elección judicial es el número de solicitudes rechazadas: 142,415, la mayoría por no completar los requisitos y por estar registrada en otro sistema del propio INE. ¿De qué otros sistemas estamos hablando? El de datos de Servidores de la Nación, el de datos de militantes de partidos políticos, el de precandidaturas y candidaturas, y el de representantes de partidos y de candidaturas independientes ante mesas directivas de casillas.

Como se puede ver, se trata de una prerrogativa peculiar, cuyo ejercicio y garantía, a cargo del INE, es tomada en sus manos por mexicanas y mexicanos con verdadero compromiso y lealtad democrática cada elección, y que reviste a nuestra democracia de un acompañamiento y legitimidad social que pocos regímenes políticos tienen hoy en día. Es, además, un derecho correlativo, complementario o precedente, cuando menos de los derechos a la información pública, al gobierno abierto, a recibir cuentas, a la buena administración, a la verdad y, claro, a la integridad electoral.

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