Las benditas audiencias

Columnas jueves 30 de julio de 2026 -

No sabemos todavía cómo quedará el conjunto de normas que el gobierno mexicano pretende aprobar —en distintos órdenes y con distintas velocidades— para regular el contenido mediático y “enmarcar” lo que llaman derecho de las audiencias. Pero lo más probable es que terminemos ante un paquete parecido a casi todo lo que nuestros notables suelen diseñar: revanchista, impreciso, incoherente en el momento de aplicarse. La técnica legislativa de cualquier mayoría se parece, a veces, a un ajuste de cuentas mezclado con futurismo de bazar. Y siempre se parece, al final, a la censura pura y dura.

Lo interesante es el menú de preocupaciones que busca justificar el control gubernamental de la información (porque eso es, finalmente, toda esta pantomima). La lista —porque así se anuncia y así se filtra— va desde la adicción de los niños al teléfono celular hasta el sabotaje político de los conservadores. La mezcla está hecha para que casi cualquier lector encuentre algún motivo de alarma, aunque el diagnóstico sea simplista y la solución sea peligrosa. En otros países se escucha el mismo coro, con sus sesgos, con sus etiquetas intercambiables. Trump insiste en las “noticias falsas” de la izquierda, pero la estructura de su discurso rebosa del mismo barniz moral que el de los de aquí. Al final, los insultos son los mismos y la sospecha se reparte con la misma mano: la del borracho que se volvió cantinero.

El asunto es un campo minado porque nos obliga a reconocer algunas cosas inconvenientes para la corrección política; por ejemplo, que si hay narrativas falsas, es porque existe la verdad, y esta puede conocerse y compartirse. Y si existe la verdad, entonces la discusión pública debería inclinarse por decirla con la mayor honestidad posible, pero a ver quién avienta la primera piedra. En un clima cultural donde la corrección de un error se interpreta como agresión, y cualquier negativa es autoritarismo, la reconstrucción de la verdad posible la tiene muy difícil. Hoy, la única posición moral que se considera democrática es el relativismo o la negociación de falsedades.

Las mentiras no han empezado con la era digital ni con la posverdad. Han estado en la política y en la vida cotidiana desde siempre: en el ocultamiento o la dulcificación de lo crudo; en la poesía que embellece; en los buenos modales que suavizan; en la retórica política que reencuadra; incluso en las ventajas comerciales que venden sensualidad embotellada. Pero esto es otra cosa, concretamente lo que Lee MacIntyre ha colocado en el centro del debate: la posverdad como un régimen cultural donde importa menos lo que es cierto que lo que resulta persuasivo, lo que encaja con la identidad o con la emoción del momento. Y los propios mentirosos acaban creyendo su basura. Ahí se pasa del engaño al delirio (otra vez, como Trump).

Lo malo de trivializar la verdad es que eso no se resuelve con multas ni monopolios estatales, porque eso solo provoca mayor desconfianza hacia quien censura. Cuando un gobierno interviene en lo que sus ciudadanos pueden ver o escuchar, incluso si lo hace para proteger a los pobres, o a los niños, o a los nicaragüenses, sus medidas apestan a gasolina dictatorial.

El problema no es legal: es cultural. Lo legal puede ser un reflejo, pero no puede sustituir la formación de criterio público. Si hay un tejido social que premia el eslogan sobre el argumento, la anécdota sobre el dato, la repetición sobre la verificación, entonces la intervención jurídica se vuelve un parche que sólo desplaza el conflicto. Lo demás viene en cascada.

La pregunta no debería ser cómo regular la información para que se parezca a lo que el gobierno desea, sino cómo construir condiciones culturales para que la verdad tenga incentivos, porque hoy no es el caso. Si queremos hablar de audiencias, hablemos de audiencias; no de obediencia. Porque donde la verdad se negocia con reglamentos, la sociedad termina perdiendo algo más que información.