Para evaluar a la “Cuarta Transformación”

Columnas miércoles 01 de octubre de 2025 -

La cuestión de cómo evaluar a los gobiernos autodenominados de la Cuarta Transformación exige un desplazamiento de las categorías habituales. No se trata, evidentemente, de medir a partir de consignas ideológicas, sino de plantear un examen crítico del poder, que ayude a desentrañar lo que se oculta tras el velo de la retórica. En efecto, evaluar un gobierno no puede hacerse a partir de la interpretación subjetiva de sus intenciones; se trata de confrontar hechos, estructuras y consecuencias con base en principios de justicia, igualdad, equidady libertad.

Uno de los rasgos más notorios de la llamada Cuarta Transformación es el uso intensivo de un discurso casi prometeico, en todos los niveles y ámbitos de lo público. Asimismo, la retórica oficialista insiste en que sus declaraciones deben interpretarse, como si existiera un código oculto de significados donde las promesas adquieren consistencia. Ello plantea un dilema: si los datos no coinciden con la narrativa, ¿se valora la palabra o el hecho? La eficacia política no se mide por las intenciones declaradas. En ese sentido, la insistencia en una “hermenéutica de la intención” corre el riesgo de vaciar de contenido la evaluación de la acción gubernamental.

Los indicadores disponibles revelan claroscuros. Se ha reducido la pobreza lo cual es una cuestión de la mayor relevancia. Pero este logro convive con un crecimiento económico apenas por arriba del 1% anual del PIB. La política social se ha ampliado en forma de transferencias monetarias directas, pero se ha deteriorado la cobertura y calidad de servicios esenciales como la salud y la seguridad social. Es decir, mientras se avanza en aliviar las carencias inmediatas, se desatienden los sistemas que garantizan derechos universales. Esto equivale a sustituir instituciones por dependencias clientelares, lo que refuerza la relación vertical entre Estado y ciudadanía.

Más allá de la pobreza monetaria, emergen fenómenos estructurales preocupantes: mayor informalidad laboral, precarización del empleo y la persistencia del trabajo infantil. Estos elementos revelan que el mercado laboral no se transforma al ritmo de la política social.

Hay que subrayarlo: evaluar un gobierno no es juzgar su moralidad subjetiva ni sus intenciones ocultas o manifiestas. La política se vincula a la capacidad de crear condiciones de justicia, de ampliar horizontes de libertad y de garantizar derechos efectivos. Desde esta óptica, los gobiernos deben ser evaluados, no por su autodenominación histórica, sino por su capacidad para construir instituciones sólidas, reducir las desigualdades estructurales y ampliar los espacios de ciudadanía.

Esto exige preguntarse: ¿se han fortalecido las bases de la democracia? ¿Se han ampliado las libertades y capacidad de ejercicio, en términos reales, de la población? ¿se han potenciado las capacidades del Estado para la garantía universal, integral y progresiva de los derechos humanos?

El poder, al pretender reescribir sus propias “medidas”, se arriesga a perder el juicio objetivo de la historia. Gobernar no es narrar epopeyas, sino garantizar justicia; y sin instituciones fuertes, las posibilidades reales de transformación tienden a diluirse en la fragilidad del discurso.

Investigador del PUED-UNAM