Regreso con Dignidad: un desafío inminente

La cuenta regresiva ha comenzado. Con la proximidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, México enfrenta una amenaza inminente: una oleada de deportaciones masivas que podrían desbordar la capacidad del país para responder de manera digna y efectiva. Este fenómeno no solo desafía nuestras políticas migratorias, sino que también pone a prueba la habilidad del gobierno para proteger los derechos humanos de miles de compatriotas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe liderar la implementación de un "Plan de Acción para la Atención de Mexicanos Deportados" que integre atención humanitaria inmediata y soluciones de largo plazo.

Una estrategia en cinco fases:

Un plan viable debe comenzar por la Fase 1: Preparación. La creación de una Comisión Nacional de Atención al Migrante Deportado (CNAMD) es crucial para coordinar esfuerzos entre la SRE, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar y la del Trabajo. Asimismo, se necesita robustecer los Centros Integradores para el Migrante en las ciudades fronterizas, con capacidad para atender hasta 10,000 personas diarias, y establecer un fondo de emergencia que garantice recursos para alojamiento, alimentación y transporte.

En la Fase 2: Recepción Humanitaria, se proponen Estaciones de Bienvenida Fronteriza que ofrezcan registro, atención médica y psicológica inmediata, así como sistemas para localizar a familiares. Paralelamente, se debe crear un expediente digital que recoja el perfil laboral y educativo de cada deportado para facilitar su reintegración.

La Fase 3: Reintegración Social y Económica, contempla el traslado gratuito de los deportados a sus lugares de origen o regiones con oportunidades laborales específicas, como la agricultura en Michoacán o la manufactura en Querétaro. Los Centros Temporales de Acogida serán esenciales para aquellos en tránsito, proporcionando alojamiento y orientación laboral.

En la Fase 4: Políticas Públicas de Largo Plazo, urge reformar la Ley de Migración para establecer protocolos permanentes y diplomacia proactiva con EE.UU. También se debe lanzar una campaña nacional para sensibilizar a las comunidades receptoras y evitar la estigmatización.

Por último, la Fase 5 requiere la creación de una plataforma digital, "Mi Regreso Digno", que facilite el acceso a servicios de empleo, vivienda y apoyos gubernamentales en tiempo real.

Actualmente, los Centros Integradores en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo tienen capacidad para atender a entre 4,000 y 6,000 deportados diarios. Con una inversión adicional, esta cifra podría duplicarse a corto plazo, alcanzando hasta 10,000. Sin embargo, cada deportado representa un costo promedio de $3,500 a $5,000, lo que eleva el gasto mensual a más de $1,000millones si se atiende a 10,000 personas diarias.

La sostenibilidad de esta estrategia dependerá no solo de recursos económicos, sino también de la capacidad para integrar a los deportados en las comunidades receptoras sin desatar tensiones sociales. La saturación de servicios básicos en estados fronterizos y la percepción negativa hacia los deportados podrían convertirse en riesgos críticos si no se maneja con sensibilidad.

La implementación exitosa del "Plan de Acción para la Atención de Mexicanos Deportados" no solo evitará una crisis humanitaria, sino que también enviará un mensaje contundente al mundo: México está preparado para defender la dignidad de sus ciudadanos.

La clave estará en la rapidez y eficiencia del gobierno para preparar infraestructura, capacitar personal y asignar recursos en las seis semanas restantes antes de la toma de posesión de Trump.

ENTRE GITANOS.

EL REGRESO DE LAS FOTOMULTAS

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha propuesto combinar Fotocívicas y Fotomultas en el paquete económico 2025, que será aprobado en el Congreso de la CDMX. Esta medida fortalecerá la cultura vial e incentivará el regreso de vehículos emplacados en Morelos y el Edomex, al tener la alternativa de pagar una multa monetaria en lugar de realizar trabajo comunitario. Con transparencia, podría ser una política pública ejemplar.

*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.

avilezraul@hotmail.com