Sociedad en vilo

El asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, es un crimen cruel y desalmado, no sólo contra su familia y los guerrerenses, sino contra todo el Estado mexicano, en el que un grupo o varios grupos criminales tienen el poder y la impunidad para imponen su ley en todo un estado.

¿Cuántas fallas existieron dentro de las instituciones de seguridad pública y nacional del Estado mexicano para que un grupo criminal tuviera el poder de asesinar en Chilpancingo; primero, al candidato a secretario de seguridad del municipio; segundo, al secretario general del Ayuntamiento; y tercero, para decapitar al presidente municipal? Existe un atlas de riesgos sobre las condiciones de violencia en todo el país. Lo tienen las agencias de seguridad del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Si todos sabemos que ser alcalde en México es una posición de alto riesgo que se convierte de muy alto riesgo en entidades como Guerrero, ¿cómo es posible que no se le haya podido garantizar la integridad física al mismísimo alcalde? ¿Que expectativa de seguridad tiene el resto de la población en Chilpancingo y en Guerrero? La respuesta es simple, llana y desesperanzadora: ninguna al corto plazo.

Si la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía en México, ¿por qué los tres órdenes de gobierno no priorizan la seguridad como la principal actividad que deben realizar? Hoy se presentará la estrategia de seguridad del Gobierno federal y es deseable que exista un rediseño integral respecto a la estrategia de la anterior administración. Sin embargo, las expectativas de cambio se ven muy acotadas por la militarización total de la seguridad pública en México a nivel federal. La mayoría de las policías a nivel local, particularmente a nivel municipal, seguirán siendo un apéndice incapaz de enfrentar al crimen, o en el peor de los escenarios, criminales uniformados al servicio de organizaciones delictivas locales.

Ante este escenario de violencia extrema que estamos viviendo en México y que probablemente pueda multiplicarse en los próximos años, los esfuerzos gubernamentales en otras áreas (desarrollo económico, protección al ambiente, servicios de salud y educación) serán limitados o magros si estos proyectos también son cooptados por las organizaciones criminales, que no sólo controlan las actividades económicas que extorsionan, sino que despachan dentro de las mismas estructuras gubernamentales.

La ciudadanía en Chilpancingo optó por un nuevo gobierno municipal que no desayunara con las organizaciones criminales. Trágicamente, la alternancia no duró ni una sola semana.

Por ello es inentendible que en los últimos meses la agenda pública se haya ocupado más tiempo en desmantelar el Poder Judicial Federal que rediseñar las políticas públicas en materia de seguridad. Porque, ¿quién creen que elegirá a los jueces en Guerrero? Exacto. Los mismos que antier ultimaron al alcalde de Chilpancingo.

Para darle sentido a nuestro Himno Nacional, para Alejandro Arcos Catalán y sus colaboradores asesinados, ¡un sepulcro para ellos de honor!