En Ginebra se discute el futuro de la educación gratuita en el mundo. Lo que parecía una aspiración utópica empieza a tomar forma con las negociaciones de un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo: que cada menor tenga derecho a la educación pública gratuita desde la primera infancia hasta el fin de la secundaria.
La propuesta busca cerrar un vacío jurídico. La convención actual garantiza la educación primaria gratuita, pero nada obliga a los gobiernos a extender esa gratuidad al nivel secundario, ni a reconocer el derecho a la educación en los primeros años de vida. El nuevo tratado cubriría esas lagunas.
La reunión congregó a 92 países. Sierra Leona, Luxemburgo y República Dominicana encabezaron la iniciativa con el respaldo de una coalición interregional. Hasta ahora, 58 países, entre ellos México, expresaron apoyo público al proyecto, que volverá a discutirse en 2026.
Ejemplos hubo varios. España y Francia mostraron cómo la gratuidad del preescolar puede transformar la vida de las familias. Ghana explicó el aumento de estudiantes de bajos ingresos tras ampliar la enseñanza secundaria gratuita. Zambia compartió su experiencia de 2022, y Ecuador subrayó que su Constitución asegura educación gratuita hasta la universidad.
Pero lo más relevante es lo que ya se está haciendo en casa. En su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum ha puesto la educación pública gratuita en el centro de su agenda. Lo ha hecho no solo como continuidad del proyecto de López Obrador, sino como una política propia que garantiza derechos.
La mandataria impulsa el programa de becas universales para alumnos de primaria y secundaria, con lo que más de 10 millones de estudiantes reciben apoyo directo. La medida no solo evita la deserción, también reduce la desigualdad territorial y de género en el acceso a la educación.
El gobierno federal también ha ampliado la cobertura de educación inicial. Miles de planteles de educación preescolar fueron integrados a la red pública con presupuesto federal, lo que garantiza que menores de tres años puedan acceder a servicios educativos gratuitos en todo el país, incluido, además, desayuno sin costo.
En paralelo, Sheinbaum ha planteado una reforma estructural al sistema de educación media superior. La gratuidad de las preparatorias públicas es un hecho desde 2024, y la administración busca fortalecer su infraestructura y capacidad de absorción, a través de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, que dirige Alma Herrera Márquez.
La política educativa, mediante la Secretaría de Educación Pública, que lidera Mario Delgado, no se limita a garantizar acceso. También promueve cantidad y calidad. Se renovó el plan de estudios para incluir ciencia, tecnología y cultura comunitaria, con énfasis en pensamiento crítico y perspectiva en los derechos humanos.
En los foros internacionales, México expone estos avances como parte de un compromiso que trasciende fronteras. Así, nuestro país tiene la autoridad moral para sumarse a esa causa porque demuestra que la educación gratuita es posible y que el Estado puede sostenerla con políticas públicas serias.
Sheinbaum enfrenta el reto de blindar esos avances frente a los embates de la oposición, que intenta minimizar logros reales con el recurso fácil de la descalificación. Sin embargo, la legitimidad de una política se mide en sus resultados, no en la retórica de los adversarios. Sin duda alguna hoy queda más firme la frase: “una sociedad más justa comienza con aulas abiertas para todas las personas”.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017