El proceso penal estaba cerrado con dos resoluciones de inocencia, la que los abogados llaman primigenia, del Juzgado Primero de Procesos Penales en la Ciudad de México y la confirmación del Quinto Tribunal Unitario.
La contraparte no apeló en el plazo establecido y mucho menos se pronunció contra el juez y la magistrada que resolvieron a favor del periodista. No pidió que los lincharan o fueran despedidos, nada que pusiera en duda la imparcialidad.
Habían juzgado con perspectiva de género. Ninguno, a riesgo de perder su trabajo o algo peor, hubiera ignorado dicho criterio.
El asunto ya era cosa juzgada. La fianza depositada por el acusado en un primer momento, para poder recuperar la libertad y dar la batalla legal en estas condiciones, le fue devuelta de inmediato.
¿Por qué se reabrió el caso? ¿Sorprendieron la buena fe de las autoridades?
No se respetó el principio de definitividad y a destiempo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió juicio de amparo, texto carente de argumentos, simple “machote” para justificar lo injustificable. Ahí está el expediente para quien lo ponga en duda.
De acuerdo con investigación periodística, fue presionado el magistrado Jorge Fermín Rivera, ponente del caso y presidente del Séptimo Tribunal Colegiado. Cedió a cambio de que lo “ayudaran” a jubilarse.
Había sido sorprendida la buena fe del ombudsman Luis González Placencia y mandó a una de sus funcionarias (la tercera visitadora que semanas después discretamente dejaría la CNDH) a realizar gestiones en el tribunal para que se reabriera el caso y “ayudará” al magistrado Jorge Fermín Rivera a jubilarse.
La parte afectada por casualidades del destino se topó con el ombudsman en la afamada funeraria de Félix Cuevas. Le reclamó lo que había hecho. El funcionario no encontró palabras para explicar lo ocurrido. Raúl Hernández, quien entonces laboraba en el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue testigo del acto.
En el proceso penal hay graves contradicciones. Cada vez que declaraba la parte acusadora alteraba y magnificaba sus declaraciones, como cuando afirmó que prestó pulsera de plástico a su compañero y que la rompió de manera accidental. Luego cambió la versión al decir que se había roto producto de forcejeo.
Llegó a dar tres versiones distintas sobre las partes de la pierna que había sido tocada y la autoridad las aceptó como si fueran iguales. Hay relatos de imposible realización, admitidos sin ninguna prueba y ocurridos en lugares públicos como el restaurante Sanborns. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, nunca se cumplieron en los dichos.
Según el perito de la autoridad, la supuesta víctima “no puede cambiar radicalmente los hechos por ser la base del discurso”. Si lo hace, miente.
El colmo: el juzgador consideró abuso sexual hasta el beso en la mejilla. Estuvo a punto de sentar precedente mundial, porque esta costumbre ancestral todavía se practica en muchos países.
Dichos aceptados por el Séptimo Tribunal Colegiado del que eran integrantes los magistrados Jorge Fermín Rivera (jubilado) y Lilia Mónica
López Benítez, ahora consejera de la judicatura.
Hay un efecto corruptor en todo el proceso penal y por eso la petición para que el caso sea atraído y revisado por la Corte.
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