¿Huertismo reeditado?

Columnas jueves 28 de abril de 2022 -

El 10 de octubre de 1913, Victoriano Huerta disolvió ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y ordenó encarcelar alrededor de 90 legisladores, quienes desde la tribuna de ambas cámaras recriminaron las arbitrariedades y crímenes de Huerta. El Congreso de la Unión había exigido al usurpador información sobre la desaparición de diversas personas, entre ellos, la de Belisario Domínguez. Huerta pidió al entonces ministro de Gobernación, Manuel Garza Aldape, que compareciera ante la Cámara de Diputados, a fin de que las exhortaciones fueran retiradas, lo cual no sucedió.

Ante esta negativa, Huerta ordenó a la policía detener y encarcelar a los diputados y senadores que estaban incluidos en una lista elaborada para tal efecto, al tiempo que decretó la disolución del Congreso de la Unión, y anunció una elección extraordinaria para el 26 de octubre siguiente. Con estas acciones, quedaron disueltas ambas cámaras e inhabilitados los diputados y senadores para ejercer sus funciones en la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Como es suficientemente sabido, el resultado de la discusión del 17 de abril pasado en la Cámara de Diputados, respecto del dictamen de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, no favoreció la propuesta del presidente de la República, pues el debate culminó con una mayoría de 275 votos a favor, contra 223 votos.

Debido a ello, la dirigencia y personas legisladoras de MORENA señalaron que publicarían los datos de diputadas y diputados de oposición que votaron contra la reforma, a fin de que el pueblo les reclame su voto. La narrativa no quedó ahí, sino que a partir de una mañanera en la que el jefe del Ejecutivo Federal dijo estar de acuerdo con esta campaña, y haciendo además alusión a que el comportamiento de los legisladores actualizó el tipo penal de traición a la patria, el partido dobló la apuesta, pues su líder afirmó que esta semana tendrá lista la denuncia que presentarán ante la Fiscalía General de la República, en contra de 223 legisladores que votaron por desechar la reforma constitucional.

Este escenario ¿nos presenta una especie de reedición de la disolución huertista de 1913?

Desde luego, tendría que correr todo el trámite ante la FGR y la propia Cámara de Diputados, para retirar la inmunidad procesal penal de la que gozan las y los diputados, en un proceso que se antoja de pronóstico reservado.

Sin embargo, desde una óptica constitucional, más allá del resultado del proceso, resulta inaceptable que una fuerza política y un gobierno que se asumen democráticos, pretendan disolver la Cámara de Diputados por la vía penal, equiparando como traición a la patria, a tener un proyecto distinto de lo que le conviene al país en el ámbito energético, perdiendo de vista además, que la oposición actúa con la legitimidad que le confirieron sus electores en las urnas en junio de 2021 y que ese es, precisamente su papel político y constitucional.

Constitucionalmente no tiene cabida que se amague con perseguir penalmente a quienes busquen otro rumbo para México, sostengan ideas distintas de la competencia económica, la política ambiental y los compromisos internacionales.

Como certeramente señaló recientemente Jesús Silva-Herzog Márquez, acusar de traición a la patria a quien discrepa de la visión mayoritaria, es todo menos democrático.