A toro pasado.

A toro pasado, como ya no pasó nada, es cómodo analizar la fugaz crisis política que ocurrió en Nuevo León, antes de que el gobernador interino renunciara y Samuel García reasumiera funciones con declaratoria del poder legislativo estatal.

Lo primero que es pertinente anotar es que una licencia de gobernador no es un derecho humano. Lo que es un derecho civil y político (y en esa magnitud, humano) es el derecho a ser votado, pero la licencia es un acto del poder legislativo actuando como poder autónomo, y tiene como finalidad proteger los intereses de los gobernados (no del gobernador) y el orden público, en su vertiente de gobernabilidad, es decir, no dejar que haya un gobierno acéfalo. Si los abogados quieren pensar en la consecuencia más inmediata de que haya confusión, es la cita de autoridad responsable en un amparo, que tiene que ser el gobernador en funciones legales, no dos, ni el legítimo, ni el que está de hecho en la oficina firmando cosas.

Cualquier acto de autoridad (la licencia no es una excepción) está constreñido por los principios de derecho público, uno de los cuales es el principio de autoridad formal de la ley. En ese sentido, si el congreso otorgó la licencia, es el congreso el que debe revocarla. La confusión (aparente o real) de Samuel García consiste en creer que la licencia es un permiso optativo, y no un acto de gobierno. Pero es esto último.

En términos de derecho constitucional, lo que debería debatirse, porque habrá otros casos semejantes, es si, a diferencia de la licencia de un gobernador, que no es una renuncia sino una separación temporal del cargo con término cierto, la licencia es un acto renunciable unilateralmente por el beneficiario de la misma. De nuevo, no es un tema de sentido común, porque no se está protegiendo con ella a la persona que la pidió, sino a los gobernados y a la certeza jurídica de todos los que sean afectados en su esfera jurídica por actos del gobernador o derivados de su mando.

Algunos actores políticos hicieron eco de algo que el propio García, o sus abogados, comenzaron a esbozar; que “la voluntad popular” de Nuevo León eligió a un gobernador de Movimiento Ciudadano, y por ende el interino que designara el Congreso local, debía ser de ese mismo partido. Jurídicamente no tiene ningún sustento esta idea, pues si esa fuera la voluntad del constituyente local, dejaría que el gobernador designara interino, u obligaría al congreso, expresamente, a elegir a alguien que perteneciera a un partido y no a otro. Pero esta opinión expresa una idea que será cada vez más importante en México, que es la de las prácticas políticas y costumbres parlamentarias.

Veamos el cuadro a distancia: el poder judicial está interviniendo cada vez más en asuntos políticos. Esto no es porque “sean corruptos” o por ninguna de las razones partidistas y pueriles que expresan los actores en la coyuntura. Boaventura de Sousa, hace más de 15 años, en su libro más logrado, observó esta tendencia en todos los tribunales del mundo, debido a que la política empezó a verse con malos ojos en todas las sociedades. Así, se consideró que el derecho, y especialmente las resoluciones judiciales, debían sustituir a los acuerdos políticos, porque estos últimos eran inherentemente ilegales o inmorales. Y ahí estamos.

Esto ha convertido al poder judicial en el enemigo natural de los políticos; destaca el poder ejecutivo en los países que transitan por su era populista, pero pronto lo serán también de los poderes legislativos. Cuando eso suceda, se intentará dar un golpe de mano que recicle, sacuda o desplace a la clase política jurisdiccional y la sustituya por otra, en todos los países también.

Pero el problema de fondo no son los jueces, sino la esquizofrenia legal que ha arrinconado a la política a tal grado que ahora tiene que hacerse siempre a escondidas. Sencillamente el péndulo va de regreso, y lo que se está erosionando hoy son las fuentes de autoridad jurídicas: tribunales, pero también la propia ley como único fundamento de legitimidad.

El sábado que comenzaba la licencia de Samuel, el gobernador en funciones era el señor Orozco, al que todos dejaron plantado y no recibieron en ningún lado. Trágica figura, pero era el gobernador. Samuel García, al meterse en la oficina del gobernador y seguir actuando como si nada, estaba incurriendo en posible usurpación de funciones públicas, así de simple. Como nadie se iba a atrever a llevar el tema legal hasta las últimas consecuencias, lo mejor que podía hacer el congreso y él mismo, era tramitar una solicitud de revocación de licencia fast track y que se votara a la brevedad, con el nombre que quisieran, pero cuyo efecto fuera una declaratoria legislativa que lo reinstalara en funciones. Así se hizo, y qué bueno, porque de lo contrario, lo único que se acumularía con el tiempo sería la vergüenza de la situación entera.