La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que pretendía anular la suspensión a la primera parte del Plan B, de manera que las y los funcionarios pudieran hacer proselitismo de cara a las elecciones del Estado de México y Coahuila.
El hecho fue considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un acto indebido, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial le prohíbe a los jueces, magistrados o ministros participar en asuntos que ellos mismos promovieron, “ya que su juicio será evidentemente parcial”.
Mediante un comunicado emitido desde la oficina de la Presidencia, el Gobierno de México acusó que el ministro Alberto Pérez Dayán "estaba obligado a excusarse para no participar en la votación", pero aun así lo hizo.
Bajo esta misma narrativa, el Ejecutivo Federal criticó la postura del ministro Javier Laynez Potisek a favor de la suspensión del Plan B, pues iría “en contra de sus propios precedentes”.
“La ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues con su actuar [...] contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales”, quedó asentado en el mensaje.
Con la decisión se mantendrá vigente la suspensión para aplicar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México y Coahuila, en tanto no se resuelva si estas normas son o no constitucionales.
Sin embargo, en sus cuestionamientos la Consejería Jurídica sostiene que el ministro Laynez, en contra de sus propios precedentes, ahora ya no considera que la suspensión de normas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna.
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