Por Federico Reyes
A un mes del inicio del paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), tanto el Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México como la bancada de Morena en el Congreso local hicieron un llamado urgente para resolver el conflicto. La agrupación de más de 300 abogados independientes advirtió que la suspensión de actividades ha provocado el estancamiento de al menos 15 mil expedientes, lo que podría prolongar la impartición de justicia por varios meses, afectando directamente a los ciudadanos que esperan una resolución judicial.
El Colegio Nacional de Voces Jurídicas también anunció que presentará un escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, solicitando eliminar los cobros por copias, certificaciones y búsquedas en archivos judiciales. Argumentan que estos servicios deben ser gratuitos y accesibles, como parte de un sistema judicial que se supone debe ser “pronto y expedito”. Además, los abogados señalaron que, a diferencia de los trabajadores, ellos no tienen ingresos mientras no se resuelvan los casos detenidos.
Por su parte, el grupo parlamentario de Morena, representado por el diputado Paulo García, respaldó la necesidad de diálogo entre las autoridades y los trabajadores judiciales. Manifestaron su preocupación por los miles de casos sensibles que siguen sin atenderse debido al paro, destacando la urgencia de restablecer el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan. Este apoyo institucional busca impulsar una solución negociada que permita retomar las actividades judiciales en la capital.
Sin embargo, los trabajadores del PJCDMX reiteraron su negativa a levantar el paro iniciado el 29 de mayo, al considerar que el aumento salarial ofrecido del 5% es insuficiente frente a la inflación y las carencias estructurales que aún persisten. A pesar del llamado del magistrado presidente Rafael Guerra y del secretario de Gobierno, César Cravioto, para regresar a trabajar, la base laboral dejó claro que no reanudarán labores hasta lograr acuerdos firmes y firmados por las 38 sedes judiciales, lo que mantiene paralizado el sistema de justicia en la ciudad.