Acceso a la información pública: Orígenes y alientos democráticos

Aunque se ha señalado hasta el cansancio que el derecho de acceso a la información encontró su primera y tímida expresión constitucional en la reforma de 1977, que liberó más de un obstáculo para la transición mexicana a la democracia, tal vez no esté de más volver por el tópico para asegurarnos de que no se nos haya quedado nada en el olvido u ocultado en el cajón de las cosas obvias.

Y es que si lo que queríamos hace cuarenta y seis años era tener un régimen que permitiera que lo público se hiciera realmente público (la expresión, célebre, es de don Daniel Cosío Villegas, harto como estaba de estilos personales y no institucionales de gobernar), lo lógico parecía abrir las fuentes de información y lograr que la incipiente democracia se fundara en expresiones de voluntad realmente informadas.

Abrir las Cámaras a la Oposición estaba bien, pero mucho mejor habría estado que se abrieran a representantes de una ciudadanía que con su voto supiera realmente lo que hacía y a quién elegía. Como sabemos, la reforma de 1977 no se aterrizó en lo orgánico ni en lo secundario sino hasta mucho después del trauma del 88. De hecho, no cristalizó hasta ya alcanzada la alternancia democrática tras los comicios generales del año 2000. Vaya, ya por entonces teníamos Corte de constitucionalidad, gobierno capitalino autónomo y senadores no oficialistas, para que nos demos una idea.

En el libro Batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México: a dos décadas, coordinado por Laura Lizette Enríquez Rodríguez y publicado conjuntamente por el INFO CDMX, Integridad Ciudadana y el INAI, hoy tan maltratado, se da cuenta de las casi cinco décadas de un esfuerzo ciudadano que no siempre ha contado con el respaldo de los aparatos gubernativos (para los que, por obvias razones, la transparencia suele resultar incómoda), pero tampoco -y paradójicamente- de las mayorías comiciales, que suelen asociar los esfuerzos que se han hecho a la reivindicación de privilegios para élites tecnocráticas que ciertamente no suelen explicar sus accionares con la claridad que sería deseable. Es lástima, pues el acceso a la información pública bajo el principio de máxima transparencia es uno de esos beneficios que no se justiprecian sino hasta que se pierden. Lo propio ocurre con su contracara, aún más reciente: la protección de datos personales. Pensemos, simplemente, en lo que se ha sufrido en el pasado reciente a manos de los sistemas de espionaje telefónico más sofisticados del mundo.

El libro al que nos referimos cuenta, por contraste, con la claridad no sólo de plumas más que solventes, sino de caricaturistas que lo mismo hacen del escudo nacional una lucha perenne entre el pico de un águila aperturista y las escamas reptilianas de la opacidad y de la ausencia de rendición de cuentas, que de una lupa empeñada en derribar, cual ariete, las barreras que impiden a la República, dama sugerente de gorro frigio y corpus legal en la mano derecha, tomar el castillo de lo que es suyo: la información de lo que se hace con nuestros recursos y esfuerzos.

Me gustan los accesos diáfanos a la explicación de aquello en lo que consisten nuestras conquistas más indispensables y menos cacareadas. La dimensión sustancial de la democracia implica respetar los ámbitos vedados al accionar gubernativo, como ocurre con la privacidad, con la integridad corporal y con el domicilio de cada uno, reivindicaciones del licenciado Ignacio López Rayón y del cura José María Morelos tan añejas cuanto ignoradas y frecuentemente violentadas.

Los archivos, por ejemplo, ese ámbito tan preterido y tan indispensable para el acceso a la verdad y la manutención de la memoria, se vinculan directamente con la transparencia y son parte del pro comunal que debemos proteger. Hagamos conscientes de ello a nuestra descendencia desde sus primeros años, como pretende la publicación a través de ilustraciones atractivas y fácilmente comprensibles. En el lenguaje directo y veraz, enemigo de jeringonzas e hipérboles, también se juega la transparencia.

Y se juega la calidad de nuestro Estado constitucional y democrático, si se me permite. Imaginemos simplemente lo que puede resultar de procesos electorales como los que se avecinan sin que podamos contar con información detallada y desagregada de lo que se gastará (mejor: de lo que se está gastando) en campañas y precampañas, simuladas o no.

La riqueza que resulta de saber quiénes financian cada candidatura es directamente proporcional a la conciencia en torno a los intereses que cada quien se encargará de defender durante la ejecutoria de su cargo público. Se comprende, pues, lo grave que resulta la amenaza de desmontar el Sistema Nacional de Transparencia, Bucéfalo tardío de nuestra Transición a la democracia. Bienvenida la defensa de lo que se ha hecho bien y con ánimo tutelar de nuestros derechos fundamentales.

Rafael Estrada Michel. Director general de Tiempo de derechos, investigador nacional nivel 2 adscrito a la Facultad de Derecho de la UNAM. @rafaelestradam

“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!