Acreedores de TV Azteca alertaron sobre posibles transferencias fraudulentas y un eventual ocultamiento de activos por parte de la televisora para evitar el pago de una deuda superior a 600 millones de dólares, por lo que buscan que Grupo Salinas y su presidente, Ricardo Salinas Pliego, sean considerados corresponsables en el cumplimiento de esas obligaciones.
De acuerdo con documentos judiciales citados en el litigio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los acreedores —encabezados por The Bank of New York Mellon— expresaron su preocupación por la falta de transparencia de la empresa en torno a su situación financiera y al proceso de concurso mercantil anunciado en México. Señalaron que la televisora no ha presentado estados financieros ni información suficiente que permita descartar transferencias de activos hacia empresas relacionadas.
Los bonistas sostienen que la negativa de la compañía a proporcionar datos básicos podría formar parte de una estrategia para retrasar el pago de los bonos emitidos por la empresa y que vencieron el 9 de agosto de 2024, deuda que actualmente supera los 600 millones de dólares.
En una carta enviada el 13 de marzo a los jueces del caso, la defensa de los acreedores argumentó que el anuncio del concurso mercantil habría sido promovido por Grupo Salinas, lo que permitiría considerar a la televisora como un “alter ego” del conglomerado o de su presidente. Bajo ese concepto jurídico, buscan levantar el llamado “velo corporativo” para demostrar que no existe una separación real entre la empresa y el grupo empresarial, lo que abriría la posibilidad de exigir el pago directamente al corporativo o a su principal accionista.
Además, los acreedores solicitaron al tribunal que en un plazo menor a siete días se ordene a TV Azteca informar sobre el estado del proceso de concurso mercantil en México, las filiales involucradas y cualquier transferencia de activos realizada entre la televisora, Grupo Salinas u otras entidades relacionadas.
El conflicto legal se desarrolla en medio de la crisis financiera que enfrenta la empresa, derivada del impago de bonos emitidos en 2017 y que dejó de cubrir desde 2020, lo que mantiene abierto un litigio en Estados Unidos para exigir el pago de la deuda.