Advierten que 250 mil guardias privados están en riesgo de no migrar del “outsourcing”

Aunque la entrada en vigor de la reforma laboral para eliminar el “outsourcing” se prorrogó hasta el 1 de septiembre, unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada están en riesgo de quedarse sin el Registro como Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque se enfrentan a una sobrerregulación imposible de cumplir, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

“No es que los empresarios del sector no quieran cumplir con la normatividad, sino que existe un cúmulo de leyes en materia de seguridad privada incumplibles porque son asimétricas entre sí. Tenemos una ley de carácter federal, 32 de carácter estatal y otras de carácter municipal. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la Ley, a las que comúnmente se les conoce como empresas patito”, explicó.

Agregó que actualmente existen unas 6 mil empresas de seguridad privada que generan1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y dan empleo a unos 500 mil elementos, sin embargo, 56% de ellas, operan de forma ilegal porque no pagan impuestos ni brindan seguridad social a sus empleados.  

Para formar parte del padrón de la STPS estas empresas deberán demostrar que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); de lo contrario, unos 250 mil guardias de seguridad privada podrían quedar en el limbo.

Por otro lado, Sapién Santos dijo que las empresas de seguridad, además de la sobrerregulación se enfrentan a la competencia desleal de las policías auxiliares, quienes se ven favorecidas por su marco legal, el cual las reviste de una regulación especial. 

“Prestan servicios de carácter público, al ser una función a cargo del Estado y por otra se les permite prestar servicios privados de seguridad a particulares, quienes pagan una contraprestación económica por esos servicios, mismos que ponen a disposición de un tercero, ya sea para cuidar sus instalaciones o para trasladar valores, beneficiándose así el particular con el servicio especializado, cuyo servicio en todas las ocasiones no forma parte del objeto social ni de la actividad preponderante del beneficiario”, detalló.

Por su naturaleza dichas policías, agregó, a pesar de prestar servicios a particulares, no están obligadas a obtener el registro ante la STPS como el sector privado en materia de seguridad, poniendo en gran desventaja a la seguridad privada. 

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