Ante las extorsiones y el derecho de piso, el uso de la fuerza institucional parece la única solución

Columnas miércoles 12 de abril de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Previo a las vacaciones de Semana Santa circuló en redes sociales un video en el que presuntos extorsionadores prendieron fuego al mostrador de una paletería ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, las llamas provocaron quemaduras en las manos al adulto mayor que atendía el negocio, cuyos dueños se negaron a pagar el cobro de piso al grupo criminal “La Unión del Centro”.

Ataques como este ocurren todos los días en nuestro país sin que las autoridades hayan encontrado un plan efectivo para combatir esta epidemia de extorsiones que se sigue extendiendo por todo el país y ha provocado el cierre de negocios, ante las amenazas de los delincuentes.

Para Eduardo Guerrero Gutiérrez reconocido experto en ciencia de datos y análisis sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad social, las claves para doblegar al crimen organizado es que sean técnicos y no políticos los funcionarios que estén al frente de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fiscalías generales.

El especialista considera que se deben establecer sistemas de alerta temprana, colaboración con Estados Unidos, generar información delictiva de calidad, bases de datos y la creación de la Coordinación Nacional Antiextorsiones, como lo ha propuesto Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los expertos señalan que nuestro país no puede seguir condenado a un gobierno que actúa como amateur en materia de seguridad pública o a seguir delegando funciones de combate a la inseguridad a las fuerzas armadas a las que el gobierno de la 4 T les ha dado un cheque en blanco.

Necesitamos formar un frente común para combatir este delito que, de acuerdo con información de la Encuesta de Victimización (ENVIPE, 2023), ocupó el tercer lugar de recurrencia a nivel nacional y se presentó en al menos 23 estados del país.

Todo ello indica que se trata de un negocio redituable –en muchos casos mejor que la venta de drogas para los grupos criminales–, y en el que no tienen que realizar grandes inversiones. Además de que el 93 por ciento de las extorsiones no se denuncian, por miedo a represalias y los estragos los sufren por igual los ambulantes, empresas constructoras, mineras, sector hotelero, restaurantero, agricultores, cadenas de tiendas de conveniencia, misceláneas, mercados y negocios de todo tipo.

Los cobros van desde los 50 pesos hasta los 250 mil pesos, semanales, quincenales o mensuales, dependiendo el giro comercial.

Diversos reportes económicos dan cuentan de las afectaciones que han tenido las inversiones en nuestro país a causa de la extorsión y el derecho de piso, lo que ha afectado el desarrollo económico de los estados, municipios y localidades.

En una colaboración de Julio Chávez Montes para Ruiz-Healy Times, recuerda que en España los empresarios de ese país informaron al fisco que iban a deducir de los impuestos que les correspondía pagar, el monto que tenían que entregar a ETA y a otros grupos terroristas por el derecho de piso. Por supuesto la decisión de los empresarios no fue bien recibida.

Cansados y hartos de vivir con miedo y renunciar a sus actividades productivas, empresarios, comerciantes y agricultores se preguntan si en México se necesita replicar medidas como las que ha tomado Nayib Bukele, presidente de El Salvador en su guerra contra las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, una agrupación criminal, creada en los 80s, originaria de Los Ángeles, California, cuyos miembros provienen principalmente de países centroamericanos, especialmente de El Salvador.

El término mara es una palabra coloquial en Centroamérica que se refiere a un grupo de personas, mientras que Salvatrucha es una combinación de Salva, abreviatura de salvadoreño, y trucha, que en el contexto centroamericano significa astuto o alerta.

El mismo presidente asegura que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo, al más seguro de América Latina, gracias a su estrategia para combatir la inseguridad.

Y aunque sus métodos para terminar con este flagelo –como la suspensión de garantías constitucionales, arrestos arbitrarios, y la disminución de 16 a 12 años de la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas–, han sido severamente cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos, Costa Rica y Honduras analizan aplicar el plan Bukele para combatir a los grupos delincuenciales.

Una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre reveló que el 75,9 por ciento de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 aseguran que la delincuencia ha disminuido con la política de Bukele.

¿Qué hacer ante esta a situación que afecta negativamente el clima de inversión, el crecimiento económico y el desarrollo en América Latina y particularmente de México? Desde mi punto de vista, es crucial que esta problemática se aborde a través de estrategias integrales de seguridad, prevención y fortalecimiento de las instituciones, para combatir eficazmente el crimen organizado.

Cerrar los ojos no es una solución viable ni efectiva. Ignorar el problema, sólo permite que estas organizaciones criminales continúen creciendo y fortaleciéndose, exacerbando la inseguridad y deteriorando aún más la calidad de vida de la población.

Es fundamental que los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional trabajen juntos en la adopción de medidas preventivas, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de políticas de desarrollo social y económico que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad en la región.

Abandonar estas premisas para luchar contra las extorsiones y el derecho de piso, sólo nos dejaría el uso de la fuerza institucional como la única solución, como lo ha hecho Bukele en El salvador.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM