En el marco de la discusión del paquete económico 2025, la diputada Brenda Ruiz Aguilar destacó la propuesta del alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, de aumentar en un 8% los recursos destinados a programas sociales en la demarcación. Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora subrayó que esta iniciativa se alinea con los principios de bienestar y justicia social promovidos por la Cuarta Transformación (4T).
Ruiz Aguilar, quien también funge como Vicecoordinadora del Grupo Mayoritario, enfatizó que este incremento refleja el compromiso de la actual administración capitalina con la implementación de más y mejores programas sociales. Según señaló, estas acciones buscan beneficiar a los sectores más vulnerables de la población y fortalecer la política de justicia social en la ciudad.
No obstante, la diputada solicitó al alcalde Orvañanos detallar los tipos de programas que se llevarán a cabo en Cuajimalpa, así como el número de beneficiarios, las colonias que serán atendidas y los montos asignados. Subrayó la importancia de que la ciudadanía tenga claridad sobre el destino de los recursos públicos y cómo impactarán en su calidad de vida.
En el ámbito de la seguridad, Ruiz Aguilar expresó inquietudes respecto a la solicitud de un incremento cercano a los 100 millones de pesos en el Capítulo 3000 del presupuesto de la Alcaldía. La diputada morenista cuestionó la falta de información sobre cómo se utilizarán estos fondos, señalando que el informe presentado al Congreso no detalla si los recursos se destinarán a la adquisición de equipo, contratación de personal o desarrollo de estrategias que se alineen con los objetivos del Gobierno de la Ciudad.
Además, pidió al alcalde presentar un plan claro y transparente que explique cómo se pretende convertir a Cuajimalpa en la Alcaldía más segura de la capital, considerando el aumento presupuestal solicitado.
El paquete económico 2025 y las asignaciones específicas para cada demarcación continúan bajo análisis, mientras legisladores y autoridades buscan garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo de la población.