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Buscan endurecer penas contra extorsionadores 

Buscan endurecer penas contra extorsionadores 

Nación martes 04 de febrero de 2020 - 00:00

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion@contrareplica.mx
La extorsión constituye uno de los principales retos para el Estado mexicano en el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz pública, pues la comisión de esta conducta penal ha aumentado desde el año 2012, a tal grado que las ciudades de León, Guanajuato; Morelia, Michoacán, y el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, presentaron un aumento de hasta un 30 por ciento de incidencia lo que indica que por lo menos en cada casa hay por lo menos una víctima.
Conforme el seguimiento que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), indican que, en el otro extremo, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Guadalajara, Los Mochis y Tampico, con un 5 por ciento.
En 2019, la Coparmex reportó que fueron víctimas de la delincuencia, un 23.6 por ciento de los empresarios mexicanos, principalmente por extorsiones, robos, fraudes, secuestros y daño a establecimientos.
De acuerdo con el Inegi, la incidencia delictiva tiene un crecimiento constante durante los últimos 19 años, por lo que se busca retipificarlo durante este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Hay dos iniciativas presentadas, una de Morena y otra del PRI, para considerarlo como un delito de alto impacto, con prisión preventiva oficiosa.
A la fecha, el artículo 390 del Código Penal Federal, lo tipifica como: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y 40 a 160 días de multa”.
Debido al crecimiento de este delito, que se presenta mediante vía telefónica, mayormente desde penales, o presencial —lo que conlleva un agravante, y que es mejor conocido como cobro de renta o de uso de piso—, es que el Congreso Nacional de Gobernadores (Conago), aceptó el mes pasado la propuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que este delito sea perseguido directamente a través de las Unidades de Investigación al Secuestro.
El abogado penalista Gabriel Regino informó que ese delito detonó entre los años 2007 y 2008, en Michoacán, Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez, cuando desde los penales los reos hacían llamadas en las que aducían que pertenecían al tal o cual organización criminal, que requerían que les entregaran dinero o iban a ser secuestrados. Pero la extorsión salió de los cerezos a las calles, cuando los criminales empezaron a pedir lo que se conoce como derecho de piso: “Páguenos o vamos y le incendiamos su local”, eran las amenazas.
“Posteriormente el fenómeno se mueve a otras urbes: Guadalajara y Monterrey, pero los modos operandi ya van a ser diferente. Las ciudades que no tenían todavía una presencia del crimen organizado, le tenían miedo al delito de secuestro, y entonces los extorsionadores usaron el ardid de que tenían una persona secuestrada para poder generar un incentivo económico”, narró.
Fue un delito muy redituable, que fue posible con la corrupción de los custodios, y luego a hacer uso de los datos del Facebook, y contar con más detalles de las víctimas.
“Ahora el crimen organizado creciendo, la violencia atroz y el pleito entre grupos criminales, y una incidencia delictiva que no baja, son los elementos que contribuyen a este delito que no bajará mientras los estados y la federación tomen nuevamente el control de las prisiones donde hay miles de teléfonos celulares. Lo más básico es que no haya celulares en las cárceles”, dijo
Este delito subsiste ante el incremento de la percepción de inseguridad, coincidió Jorge Amador Amador, secretario de Seguridad Pública del municipio de Nezahualcóyotl, donde hasta el 2012 hubo una ola de extorsiones. “El delito es como la economía que se da más donde hay mayor oportunidad de ganancia y menos riesgo. Por ello que coincidió con la necesidad de aumentar la penalidad.

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/CR

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