La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar el listado de 30 servidores públicos a quienes impuso medidas cautelares, aunque de entrada confirmó la restricción a la la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a los legisladores Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Aleida Alavez; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; y al propio partido.
El Tribunal conminó a los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, militantes del partido Morena a abstenerse de participar en mítines como los de Coahuila y Estado de México, tras considerar que son ilícitos. El TEPJF determinó que este tipo de actos se consideran proselitismo, por lo que vulneran los principios de equidad de la contienda, lo que pone en riesgo los procesos electorales próximos a realizarse.
El Tribunal consideró que los actos que realizó Morena en junio tanto en el Estado de México como en Coahuila (entidades donde habrá elecciones el año próximo) SÍ pueden incidir en los procesos electorales, tanto estatales como a nivel federal, ya que en los actos los personajes participantes “manifestaron su intención de dar continuidad al gobierno y posicionar a Morena”.
Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena a funcionarios abstenerse de organizar actos proselitistas, Claudia Sheinbaum, dijo que, aunque acatará la decisión, los magistrados no pueden coartar la libertad de expresión, acusó al INE y dijo que seguirá asistiendo a eventos.
Aún cuando la Jefa de Gobierno dice que “la resolución no dice como tal que no se deba participar en actos partidarios; dice en actos similares a los que hubo. El argumento de Sheinbaum, con el que pretende violar la ley, es “que no se entiende muy bien qué quiere decir ‘actos similares”. Existe una máxima en derecho, que dice que la ignorancia de la ley, no te exime de su cumplimiento. De tal manera que la resolución del Tribunal surge de una conducta contraria a la ley, que la Jefa de Gobierno realizó, que ella no entienda la resolución, no significa que le da permiso a violarla, ni tampoco a no cumplirla. Por lo que Sheinbaum debe de abstenerse de asistir a actos de campaña o de proselitismo en tanto sea funcionaria pública en ejercicio de su cargo.
También es incorrecta la afirmación de Sheinbaum al hablar de “libertad de expresión”, ya que cuando se es servidor público se debe cumplir la ley. El actuar de un servidor público se encuentra acotado, por lo que señala la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, incluso se puede considerarse delito la utilización de un cargo públicos y de los recursos del estado en apoyo a un partido político.
¿Será que Claudia Sheinbaum cree que está por encima de la Ley?
Claudia parece que se ha olvidado que ella es la gobernante de la Ciudad de México, que recibe un sueldo por ser jefa de Gobierno de tiempo completo. Así que sí ella ha decidido ser candidata, mejor que renuncie al cargo, y así pueda cumplir su aspiración sin violar la ley, y sin perjudicar a los capitalinos, que necesitan un jefe o jefa de Gobierno que este al pie del cañón.