La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este lunes las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró que “no volverá a haber elecciones” en su país. El organismo instó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a activar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para restablecer la institucionalidad democrática en la nación centroamericana.
La CIDH advirtió que la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Asamblea Nacional, controlada por el Ejecutivo, busca perpetuar el poder de Ortega y Rosario Murillo mediante la ampliación del mandato de la copresidencia de seis a siete años y su renovación indefinida. Además, la propuesta eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de opositores considerados “golpistas” o “traidores a la patria”.
El organismo recordó que la reforma constitucional de 2025 ya había modificado más de 100 artículos de la Carta Magna, eliminando la separación de poderes y consolidando un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa. Ahora, la amenaza de eliminar elecciones libres y competitivas profundiza el proceso de concentración autoritaria.
La CIDH subrayó que estas medidas violan el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Por ello, pidió al gobierno nicaragüense abstenerse de aprobar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales y restablecer las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
La OEA informó que evalúa convocar a una reunión de cancilleres para analizar la situación, luego de que Ortega reiterara que opositores privados de su nacionalidad no podrán participar en futuros comicios. El mandatario sandinista, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales, acumulando más de tres décadas en el poder.