Cesan a magistrado por acosar a 10 y nepotismo

nacion@contrareplica.mx

Acusado de hostigamiento sexual a 10 mujeres y nepotismo, el magistrado federal Circuito de Querétaro, Fernando Reza Saldaña, fue destituido de su cargo e inhabilitado como impartidor de justicia por un periodo de 10 años.

También fue sancionado por contratar a la esposa de un juez adscrito a la misma ciudad, y con quien acordó darle un puesto a su cónyuge.

El juez Joel Loyola Sosa, quien es esposo de la mujer empleada por el magistrado inhabilitado, también recibió una sanción consistente en una suspensión de su responsabilidad “por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.

Reza Saldaña es el quinto juzgador destituido en la actual Presidencia del Ministro Arturo Zaldívar, previamente fueron separados de sus cargos dos magistrados de Circuito de Campeche, un juez de Veracruz y otro de Zapopan, este último también por hostigamiento sexual y laboral.

Al impartidor de justicia sólo le faltaban tres años para jubilarse, pues a los 75 años cumplen con la edad para no seguir al frente de su encomienda.

Es así que el hombre de 72 años, fue acumulando acusaciones, hasta que en 2017 se decidió separarlo del cargo, para dar paso a una investigación, que ayer redundó en la sanción mencionada.

Cuando sucedieron los hechos, era juez de Distrito, pero luego fue ascendido de puesto.

En la resolución, los consejeros consideraron la posición de Zaldívar, también presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien en varias ocasiones se ha pronunciado por hacerle frente a la violencia de género y nepotismo, en una “cero tolerancia” hacia ese tipo de conductas indebidas.

El Consejo de la Judicatura Federal indico que “el combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues representa un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

“La vocación de un poder del Estado, como lo es el PJF, es de servicio público. Son precisamente la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación. La justicia está para el servicio y seguridad de las y los mexicanos”, destaca el comunicado del poder judicial que emitió.