Colombia ha sido catalogada como el tercer país de América Latina con mayor incidencia de corrupción empresarial, según el reciente Informe Global de Fraude y Riesgo elaborado por la consultora Kroll. El reporte reveló que un 70% de las compañías en el país han llevado a cabo investigaciones internas sobre conductas fraudulentas en los últimos tres años, un indicativo preocupante del aumento de este fenómeno.
De acuerdo con datos específicos de Transparencia por Colombia, durante el primer semestre de 2024 se registró un incremento del 15% en los casos de corrupción en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los sectores más vulnerables a estas prácticas incluyen transporte, ocio y turismo, entidades financieras y telecomunicaciones.
Entre las modalidades de corrupción más comunes en grandes empresas destacan los pagos ilegales para agilizar trámites, la manipulación de contratos tanto públicos como privados y las donaciones políticas. Por otro lado, en el caso de pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimientos, la evasión de impuestos y los fraudes internos son las prácticas más habituales.
Para contrarrestar esta situación, muchas compañías han optado por reforzar sus controles financieros y han implementado medidas más rigurosas en sus negociaciones con terceros, como proveedores, aliados estratégicos y clientes. No obstante, persisten preocupaciones sobre la existencia de vacíos legales que permiten la continuidad de prácticas corruptas, lo que pone en riesgo la operatividad y la reputación de las empresas.
En respuesta a este panorama, Angélica Cañas, coordinadora de Cumplimiento de Tusdatos.co, una startup especializada en la validación de antecedentes e identidad de empresas y personas, recomendó una serie de pasos para implementar un Programa de Anticorrupción Empresarial, como una estrategia para combatir la corrupción en el entorno corporativo.