Complicidad

Asistí al Primer Foro de Justicia Ambiental en la ciudad de Cancún, Quintana Roo los días 1 y 2 de junio de 2023. Organizado por las autoridades locales con motivo del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Pude constatar que a María Elena Lezama Espinoza (gobernadora) y Ana Patricia Peralta de la Peña, presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en realidad no les interesa resolver los problemas ambientales, al no asistir al Foro. Se anunció la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera tampoco asistió.

El que si asistió fue el joven Alonso Fernández Lemmen-Meyer también miembro del Partido Verde Ecologista de México, que a partir de octubre de 2022 es el nuevo Procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo. Unos 50 asistentes al auditorio de la Universidad del Caribe escuchamos fuertes críticas a la Profepa por falta de resultados de parte de la Dra. María del Carmen Carmona Lara, a pesar de que fue Subprocuradora Jurídica de Profepa (de marzo 2009 a febrero 2010).

Lo verdaderamente patético es que el joven procurador Alonso Fernández dio un mensaje fuera de la realidad de la gestión de más de 1,400 ton/día de residuos sólidos urbanos (RSU) que vive Cancún, Quintana Roo, la ciudad turística más importante de nuestro país (que recibió 30 millones de turistas en el año 2022 con una derrama de 57,770 MDP en hospedaje que equivale al 23 % de los ingresos turísticos nacionales).

El ayuntamiento Benito Juárez tiene concesionada la disposición final de más de 511,000 ton/RSU/año a la irresponsable empresa Promotora Inmobiliaria Majahual, S.A. de C.V. (PIMSA) que ha cobrado más de 800 MDP durante doce años.

Pero que jamás ha cumplido con la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003. Es simplemente un tiradero a cielo abierto de RSU que genera graves daños al suelo, subsuelo y acuíferos con sus lixiviados. Confirmando en los hechos la evidente complicidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Benito Juárez, gobernado por Ana Patricia Peralta de la Peña (del PVEM) que inexplicablemente le permiten cometer estos delitos federales ambientales contemplados en el Artículo 416 del Código Penal Federal vigente.

*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.

Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático

www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores