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Conacyt creó red de intereses económicos y políticos: Álvarez-Buylla
Nación
Claudia Bolaños
María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, exhibió una red de intereses económicos y políticos creados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del cual benefició a actuales opositores del gobierno actual, y múltiples empresas privadas.
Ante ello consideró la “necesidad” y “urgencia” de llevar a cabo un cambio en la transformación de la política humanística, científica y tecnológica, que se realizará a través de la primera Ley General en materia de humanidades, ciencias tecnologías e innovación, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, la semana pasada.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, mostró datos sobre cómo desde el sexenio del presidente Vicente Fox, se generaron fideicomisos para acumular recursos de presupuesto de egresos de la Federación, y desde ahí poder administrar "de manera opaca" y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, múltiples fideicomisos que fueron aumentando durante el periodo de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta 2019.
La funcionaria indicó que a través de estos fideicomisos y otros programas presupuestarios, se destinaron más de 45, 643 millones de pesos a empresas privadas nacionales y también transnacionales.
Y mostró una tabla en la que indica que algunas de las empresas más beneficiadas, con un total de 2 mil 667 millones de pesos, fueron: Kimberly Clark, Femsa, Monsanto, Continental, VW, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proft Tech e Intel.
Todas esas transferencias fueron a fondo perdido y en total se benefició a 3000 empresas con dinero de la población, señaló.
Las transferencias contaron con la "complicidad" de instituciones de educación superior públicas del país, pero también privadas, y las que más recursos recibieron fueron: el Tecnológico de Monterrey, el CIATEQ (que es un centro público de investigación), la Universidad Autónoma de Nuevo León, UNAM y el CIMAV, entre muchas otras.
María Elena Álvarez añadió que se triangularon estas transferencias, y las empresas no solamente recibían esos recursos con pretexto de la innovación a fondo perdido, sin que tuviera ningún beneficio para el país, sino que recibían de regreso recursos a través de las instituciones de educación superior en forma de talento, "de apoyos para su negocio, es decir una subvención so pretexto de la innovación de entidades privadas", comentó.
A través de 35 fideicomisos se canalizaron millonarios, algunos a través de una asociación civil, que también recibieron recursos, por un monto de 14 mil millones de pesos para "elefantes blancos" y falsas ciudades del conocimiento. Puso algunos ejemplos de estas suntuosas edificaciones que no se han utilizado, son subutilizadas o tienen otros fines.
Entre ellos señaló a Fomix, REDNACECYT ac, y detalló que los recursos fueron hacia Tlaxcala, 35 millones de pesos; Baja California con cien millones, Durango 72 millones e Hidalgo con 48 millones.
Resaltó que también hubo desvío a través de intereses políticos, y presentó una radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones que debían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica.
"No solo hubo desvío a favor de intereses económicos sino también de intereses creados políticos", dijo y presentó una radiografía de redes que habilitó el Conacyt en su época neoliberal por medio del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).
Aseguró que los intereses creados, mismos que no fueron detallados, se dieron con la UNAM, INE, Jurídicas de la UNAM, Inteli Iuris, Universidad de Guadalajara, y a los medios de información: Excélsior, El Universal, La Silla Rota, Reforma, Animal Político, Milenio, Nexos, La Razón y El Financiero; también hacia la organización Mexicanos Unidos contra la corrupción, Red prociencia, Tec de Monterrey, México Evalúa, Inai y "creó un vínculo muy estrecho con la SCJN".
Y con lo anterior se dio apoyo a varias personas como Lorenzo Córdova, José Antonio Caballero Juárez, Pedro Salazar Ugarte, Javier Martín Reyes, Miguel Carbonel, José Ramón Cosío, Leo Sukermann, Maria Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer, entre otros.
Aseguró que la actual administración otorga más becas y no se deja a ningún estudiante aceptado en posgrados públicos sin estos apoyos. Precisó que, mientras en 2017 se otorgaron 22 mil 999 becas de posgrado, en 2022 se entregaron 25 mil 732 becas.
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DI/CR
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