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Corrupción en Conacyt: La punta del Iceberg

Corrupción en Conacyt: La punta del Iceberg

Columnas viernes 04 de octubre de 2019 - 01:40

Es público el desencuentro y la campaña mediática emprendida por el conspicuo Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (y el Foro previsto en la ley que es distinto) contra la administración de Ángeles Buylla-Álvarez en Conacyt. Hay aquí dos visiones encontradas: la del Foro que ve en las disposiciones legales una guía que puede violarse bajo el solaz argumento de los usos y costumbres y la actual que rige su conducta por el mandato de la ley. Hay, por cierto, otro tema que podría escalar exponencialmente el conflicto. Se trata de los actos de autoridad de la exdirectora general adjunta del Conacyt en la administración pasada, Julia Tagüeña, quien está siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública. En general, las sanciones administrativas no representan las mejores credenciales que alguien puede portar si es sancionado.

Pero cuando las vías seguidas pasan al terreno penal las cosas cambian sustancialmente.

Hay en preparación una denuncia de hechos contra Julia Tagüeña por varios aparentes delitos en los que podría haber incurrido, entre ellos el uso indebido de atribuciones y facultades y el peculado, así como daño patrimonial al Estado que podrían crear lo que se denomina concurso real de delitos y que, en caso de ser sentenciada, la pena sería una sanción consistente en privación de la libertad sin derecho a fianza porque supera la media aritmética de 5 años que dispone la ley. El problema es mayor, el daño patrimonial al Estado que buscaría la Fiscalía probar implica, de entrada, la cantidad de más de 200 millones de pesos que al margen de la ley habría otorgado Tagüeña al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. entre el 2014 y el 2018, al que la propia Tagüeña saltaría para vigilarse a sí misma.

Peor aún, la firma de Tagüeña se en- cuentra en más de 8 mil asignaciones directas, proyectos y convenios por diversas cantidades y que se encuentran en estudio para identificar cuántos y por qué montos esos actos de autoridad se habrían hecho sin atender el mandato de la ley, lo que aumentaría la cantidad a resarcir al pueblo. Aquí la sanción, además de la privación de la libertad, residiría en la restitución de los recursos del erario asignados para fines ajenos a los establecidos en las normas jurídicas aplicables.

Cabe apuntar que me refiero aquí a la versión light del Código Penal Federal previa a la reforma publicada en abril de 2019, cuando los delitos en
materia de corrupción se convirtieron en graves. Y este apunte lo hago porque el artículo 14 constitucional que es una de las bases del principio de seguridad jurídica dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A pesar de esa salvaguarda que beneficiaría a Tagüeña, el código penal en su redacción anterior no deja muchos márgenes a la actual coordinadora general del citado Foro. Se podría configurar aquí un litisconsorcio pasivo; es decir, cuando hay varios responsables en la hipotética comisión de los delitos enunciados. ¿Tagüeña aceptaría, en su caso, cargar con toda la responsabilidad o buscaría convertirse en coadyuvante de la Fiscalía para incluir al extitular del Conacyt, Enrique Cabrero y otros, en busca de alcanzar beneficios legales?

BREVIARIO

Me confirma John Ackerman que no existe ninguna fórmula que, según han hecho trascender los detractores del rector de la UNAM, Enrique Graue, iría de la mano del actual rector en su proceso de reelección como cuota de la 4T. Es, pues, una fake news

•@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

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/CR

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