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Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y falta de protección a su madre
Nación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Ciudad Juárez en 2001, así como por la falta de protección a su madre, Norma Esther Andrade, reconocida defensora de derechos humanos. La sentencia, notificada este 19 de diciembre en San José, Costa Rica, establece que México incumplió con su deber de prevención y con la debida diligencia en la investigación de los hechos.
El tribunal determinó que el Estado violó derechos fundamentales como la vida, integridad personal, libertad, igualdad ante la ley y acceso a la justicia, al no garantizar una investigación efectiva ni medidas de protección para la familia de la víctima. La Corte también señaló que los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tikva y José Kaleb, así como sus padres, Norma Andrade y José García, sufrieron afectaciones a su integridad, libre circulación y derecho a la protección familiar.
La sentencia subrayó que el feminicidio ocurrió en un contexto de violencia sistemática contra las mujeres en Ciudad Juárez, previamente reconocido en el caso Campo Algodonero. El tribunal concluyó que la ausencia de acciones diligentes de búsqueda y la falta de un enfoque de género en la investigación constituyeron actos de tolerancia estatal frente a la violencia sexual y la tortura sufrida por la joven.
En relación con Norma Andrade, la Corte acreditó que fue víctima de dos atentados debido a su activismo en la defensa de los derechos humanos, lo que evidenció la falta de medidas de protección para quienes buscan justicia en casos de feminicidio. El fallo destacó la necesidad de reconocer y garantizar la labor de las madres de víctimas, quienes se convierten en defensoras frente a la inacción estatal.
Como parte de las reparaciones, México deberá continuar las investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas, fortalecer el Protocolo Alba y adoptar políticas integrales para prevenir y sancionar la violencia de género. También se ordenó implementar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
La resolución contó con votos parcialmente disidentes de varios jueces, aunque la mayoría coincidió en la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El fallo marca un precedente en la protección de víctimas y familiares frente a la violencia de género y la impunidad institucional.
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JM/CR
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