Crisis de seguridad en el Estado de México: 167 policías asesinados en 5 años y una larga lucha por mejoras laborales

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2024, el Estado de México ha registrado al menos 167 asesinatos de policías, colocándolo en el segundo lugar a nivel nacional en esta estadística, solo superado por Guanajuato, según un estudio de la organización Causa en Común. Guerrero también figura en la lista con cifras similares.

El análisis revela que los años 2018 y 2021 fueron particularmente letales para las fuerzas de seguridad, con 47 casos cada uno. Este año, ya se han abierto 20 carpetas de investigación por homicidios de policías, mostrando que la violencia contra estos servidores públicos continúa siendo un grave problema.

Uno de los incidentes más destacados en este periodo es la emboscada en Llano Grande, Coatepec Harinas, el 18 de marzo de 2021. En este ataque, miembros de la célula criminal La Familia Michoacana emboscaron a nueve policías—cuatro de la policía estatal y cinco de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México—resultando en múltiples bajas. La misma banda armada se enfrentó a más policías en una refriega posterior en la entrada de Almoloya de Alquisiras.

Estas tragedias han puesto de relieve la falta de armamento adecuado, unidades y condiciones óptimas en las corporaciones policiacas. En respuesta a estas carencias, los elementos de seguridad han recurrido a paros, amenazas de huelga y manifestaciones, exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo.

De acuerdo con información del INEGI, en 2020, el 43% del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales entre 5 mil y 10 mil pesos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en junio de 2021, propuso un salario digno para policías que varía entre 10 mil 041 y 20 mil 916 pesos mensuales, con un promedio de 15 mil 855 pesos. Sin embargo, esta propuesta aún no se refleja en la realidad, y los recursos para atender las necesidades básicas de los cuerpos policiales siguen siendo insuficientes.

Causa en Común ha propuesto una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales y de seguridad para los policías en México. Entre las recomendaciones se incluye la creación de un organismo nacional autónomo encargado del desarrollo policial, que abarcaría selección, reclutamiento, sistema de carrera, régimen disciplinario y esquemas salariales. Este organismo contaría con mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan los periodos políticos y electorales.

También se propone homologar las condiciones laborales de las corporaciones municipales y estatales y una reforma constitucional para permitir a los policías recibir denuncias y atender casos de investigación. Además, se sugiere promover la capacitación y especialización conforme al Programa Rector de Profesionalización, realizar un censo nacional de policías para definir el estado de fuerza necesario, y aumentar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Estas medidas buscan enfrentar una crisis que no solo afecta a los cuerpos de seguridad, sino a la seguridad y bienestar de la ciudadanía en general, subrayando la necesidad urgente de reformas y mejoras en el sistema de seguridad pública.