La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que enfrenta una persecución política por parte de diputadas y diputados de Morena, quienes, según se enteró, pretenden instalar este jueves una comisión que investigaría su presunta participación en agresiones del llamado bloque negro, con el objetivo de separarla del cargo. Señaló que lo que más le sorprende es “qué pensarán las personas que votaron por ellos y a quienes ofrecieron ser diferentes”, y advirtió que el proceso contra ella refleja las mismas prácticas que, recordó, se intentaron utilizar para desaforar a Andrés Manuel López Obrador.
La mandataria sostuvo que las pruebas en su contra fueron fabricadas y que no existe un solo elemento que la vincule con la convocatoria a la marcha de la llamada Generación Z.
Explicó que los legisladores sólo han exhibido supuestos chats de WhatsApp en los que no participa, no conoce a quienes envían mensajes y no aparece ningún trabajador de la alcaldía.
Aseguró que con esos elementos pretenden construir “una mentira” para sustentar un juicio político.
Advirtió que el riesgo radica en que legisladoras y legisladores actúen como una fiscalía sin haber presentado denuncia formal, acusándola de convocar a un bloque anarquista al que, afirmó, nunca ha tenido acceso. Reiteró que confía en el respaldo de vecinos y vecinas de Cuauhtémoc, quienes —apuntó— le han mostrado apoyo pese al golpeteo político que también ha alcanzado a su familia.
Rojo de la Vega insistió en que no existe ninguna prueba que la relacione con el bloque negro y recordó una fotografía difundida en redes sociales en la que aparece abrazando a integrantes de ese grupo hace varios años. Dijo que ese episodio ocurrió durante una marcha feminista en la que, tras un conato de conflicto, optó por acercarse y calmar los ánimos. Señaló además que los videos del C5 relacionados con ese momento fueron filtrados de forma ilegal.
La alcaldesa explicó que la comisión que planean instalar podría investigarla y, con la mayoría absoluta de Morena, decidir su destitución, sin posibilidad de defensa legal ni de presentar recursos. Exhortó a sus opositores a enfocarse en trabajar por la ciudadanía y en investigar a presuntos implicados en casos de huachicol fiscal dentro de su propio partido.
Afirmó que su caso representa un riesgo mayor, pues, dijo, luego podrían ir contra periodistas, integrantes de la sociedad civil o mujeres que cuestionen al gobierno, en un contexto que considera alejado del estado de derecho.
Y mencionó que si la separan del cargo no tendría ninguna posibilidad de defensa, de interponer un Amparo ni nada, "simplemente se acabó" pero advirtió que seguiría luchando desde donde se encuentre.