Decreto de austeridad podría dejar desprotegidas a víctimas de violación de derechos humanos

El decreto publicado el pasado 23 de abril frenará las actividades esenciales de la institución y paralizará su funcionamiento, pues en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá la reducción del 75 por ciento del gasto corriente en tanto que no es propietaria de ningún inmueble en el cual opera, sus servicios son subcontratados en su mayoría, gran parte de su personal ha sido contratado de forma irregular con plazas eventuales y outsorcing; y además, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, debido a la naturaleza de su trabajo: la defensa de víctimas.

Entre los ejemplos del impacto que el recorte del 75 por ciento de presupuesto generará, se encuentran: no poder pagar la renta ni servicios de agua, luz e internet de sus oficinas. Desaparación del área de traslados, impidiendo que víctimas acudan a audiencias o diligencias de búsqueda así como la suspensión de la entrega de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.

Por otra parte, desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales, y también al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

La CEAV tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros. En su comunicado, refrendó su compromiso por ello y se comprometió a honrar su propósito hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras.

Con información de agencias

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