La Secretaría de Seguridad y Convivencia, con el respaldo de una orden de inspección de la Policía, llevó a cabo la demolición de una edificación ilegal en el barrio Aranjuez. La construcción había sido inspeccionada en dos ocasiones previas y su realización fue suspendida, pero el responsable ignoró las órdenes y completó la obra en 2020, lo que derivó en la emisión de una orden de demolición que permanecía pendiente de ejecución.
La estructura fue levantada de manera irregular en un espacio público y, 15 días antes de la demolición, se realizó una caracterización de sus ocupantes. Durante este proceso, se identificó a una persona que había sido víctima de desplazamiento forzado. En apoyo a su situación de vulnerabilidad, se le otorgó un subsidio de vivienda temporal por un periodo de tres meses.
Estas medidas se implementan para asegurar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y la protección del espacio público, con el fin de mantener el orden y el respeto a las leyes en el ámbito urbano.