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Derechos humanos y combate a la corrupción

Derechos humanos y combate a la corrupción

Columnas lunes 14 de diciembre de 2020 - 00:50

Por Armando Hernández

La semana recién concluida representa una importante época del año en materia de efemérides. Por un lado, el 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, fecha establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003; mientras que el 10 de diciembre de cada año se identifica desde 1950 como el Día Internacional de los Derechos Humanos, para recordar la fecha en que fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Esta coincidencia no parece ser irrelevante. El combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos son dos aspectos íntimamente relacionados. Ambos temas son, además, tareas fundamentales en la actividad del estado.

Ambos constituyen también obligaciones básicas de toda autoridad; pero, sobre todo, buscan alcanzar las mejores prácticas de actuación en el servicio público.

El estado mexicano, que busca erigirse como un estado social y democrático de derecho, tiene frente a sí en estos momentos la gran oportunidad de consolidar estrategias eficaces para el combate a la corrupción y una cultura de respeto a los derechos humanos.

La integridad pública y la cultura de compliance son algunos conceptos novedosos que pueden ayudar a fortalecer las estrategias del combate a la corrupción en el sector público.

De esa forma, se puede incrementar la ética en el servicio público, considerándolo como un espacio que brinda a las personas que lo ejercen, la posibilidad de ser útiles a la sociedad; y no como una oportunidad de obtener un beneficio propio.

Las acciones decididas del estado en ambas materias permiten incrementar los niveles de confianza y legitimidad de las autoridades (servidores públicos) que ejercen funciones públicas.

En ese sentido, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en estos relevantes aspectos, permite incorporar la visión social en los procesos de conducción de políticas públicas y acciones de gobierno, como lo harían por ejemplo los accionistas de una empresa (stakeholders).

En esta semana que recién concluyó, el Senado mexicano aprobó la integración de la Comisión de Selección que habrá de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y de igual forma dicha Cámara Legislativa tiene pendiente la designación de Ciudadanos que habrán de incorporarse al Consejo Consultivo de la CNDH, que sigue funcionando actualmente, pero tiene algunos espacios vacantes.

Todas esas mencionadas instancias permiten que las acciones del estado en materia de combate a la corrupción y protección de derechos humanos, que constituyen funciones indispensables para justificar la propia existencia del estado, se lleven a cabo con al apoyo de la sociedad, interesada y beneficiaria de dichas acciones.


Flor de Loto: El servicio público es otra forma de lucha social.

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/CR

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