Derechos políticos y diversidad sexual

Ayer la Cámara de Diputaciones federal abrió un extraordinario camino de inclusión para la comunidad de la diversidad sexual. Es un puente de igualdad y un acto de justicia indispensables que nuestro derecho exige con meridiana claridad, pero que la terca realidad se resiste a naturalizar como expresión social cotidiana de empatía y protección a la dignidad y libertades políticas de quienes se encuentran en este grupo.

No son evento ni proyecto menores. Se instaló la Junta Directiva para la “Declaración sobre derechos político-electorales de la población LGBTTTIQ+ en el continente americano”. Se lanzó también una amplia convocatoria para invitar a todas las personas interesadas de nuestro continente expertas en temas de derechos político- electorales con esta perspectiva a contribuir a la generación de la declaración referida.

El compromiso del congreso federal quedó claro con la asistencia e intervención de personajes de gran peso político y con enorme representatividad. Me refiero al Presidente de la Mesa Directiva de la propia Cámara, Sergio Gutiérrez Luna; la Presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; la Diputada Federal Salma Luévano, presidenta de la Junta Directiva de la Declaración y la Consejera del INE Carla Humphrey, activista consumada y hoy voz nacional de muchos temas de la materia desde hace décadas.

En un despliegue de alta filosofía política y del derecho, la convocatoria arranca declarando que los seres humanos poseemos prerrogativas inherentes a nuestra naturaleza, que son derechos básicos interdependientes, universales, progresivos e indivisibles. Que durante décadas ciertos derechos fundamentales se han visto violentados para una parte de la población en atención a su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Asevera que los derechos político- electorales, como derechos humanos, se han visto reducidos, y han sido relegados de la agenda pública y de cierta manera, dice, inclusive del activismo LGBTTTIQ+. Señala también que indebidamente se ha considerado que los derechos político- electorales no se han negado a este grupo; sin embargo, es una realidad que su acceso, goce y disfrute no son garantizados en la misma dimensión que para las personas heterosexuales y/o cisgénero.

La consecuencia de este estado de cosas, explica, es la declaración mencionada, que nace de la urgencia de contar con un instrumento rector redactado por personas expertas en temas de derechos político- electorales con enfoque LGBTTTIQ+, de cada uno de los 35 países, en atención a que esta población ha sido relegada de su goce y disfrute real y efectivo, pues verdaderamente existe una casi nula igualdad formal en este renglón.

En otras palabras, se requiere de un marco normativo que reconozca a la población sexo-genérica diversa como una población en situación de desventaja, que oriente la actuación gubernamental en materia de derechos humanos de naturaleza político- electoral, y avanzar gradualmente para que se ocupen cargos donde se toman decisiones. Bien, Salma! Muy bien! Felicidades! ¿En qué te ayudo?