Desapariciones y feminicidios; hay que terminar con la impunidad

Defensores de derechos humanos coinciden que lo que actualmente ocurre en nuestro país, supera lo que se vivió durante la denominada Guerra sucia, en la que se detuvo y desapareció a muchos mexicanos por considerarlos “subversivos”.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) indican que en México hay 92 mil 800 personas desaparecidas, de las cuales 24 mil son mujeres de entre 15 y 25 años. De hecho, grupos feministas e investigadores advierten que el fenómeno de las Muertas de Juárez se ha extendido hasta el centro y norte de la República mexicana y amenaza en convertir a todo el territorio nacional en un cementerio similar al de Ciudad Juárez.

Lo ocurrido en las últimas semanas en Nuevo León –donde se realizaron jornadas de protesta por los feminicidios de Debanhi Susana Escobar, María Fernanda Contreras, Yolanda Martínez, Daniela Tovar y Celeste Tranquilino–, revela el desinterés y la irresponsabilidad de las autoridades por negarse a declarar una alerta nacional de violencia de género.

El caso de Debanhi –quien fue localizada sin vida 12 días después de su desaparición–, provocó multitudinarias protestas en varias partes del país. Las manifestantes exigieron justicia y aseguraron que lo que ocurrió con ella no fue un accidente, sino un feminicidio, por lo que demandaron la puesta en marcha de una política de Estado que prevenga y erradique la violencia contra las mujeres, acciones precisas por parte de las autoridades e investigaciones transparentes.

La asociación civil Cómo vamos Nuevo León, señala que en la entidad hay 56 mujeres desaparecidas y se han registrado 21 feminicidios en el primer trimestre de 2022. Mientras que Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, criticaron la postura de la Fiscalía estatal, que afirma que la mayoría de las jóvenes partieron por voluntad propia, sin avisar a sus familiares.

Madres de familia han externado su preocupación por la falta de garantías de seguridad que tienen las jóvenes que trabajan o estudian y regresan por la noche a sus domicilios en la Zona Metropolitana. Y es que –de acuerdo a las cifras oficiales–, en lo que va de 2022 han desaparecido 748 mujeres, 7 al día, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado una explicación lógica a esta problemática.

La pregunta que se hacen los padres de familia de las víctimas, es si esto es consecuencia de la descomposición social –como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador–, de la impunidad permitida por los gobiernos de los tres niveles de gobierno o del fracaso del Plan Nacional para frenar los feminicidios.

Las cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) –organismo de Gobernación, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración–, refieren que en nuestro país la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años y que los principales tipos de violencia contra ellas son psicológicos, 44 por ciento de los casos; física, 26 por ciento y económica 16 por ciento.

Sus estadísticas también consignan que el 93 por ciento de las agresiones tienen lugar en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena. Asimismo, indica que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria.

Información reseñada por el Banavim y dada a conocer recientemente en los medios, contabilizan un millón 75 mil 571 los casos acumulados, de los cuales se ha fincado responsabilidad a 796 mil 832 hombres y 37 mil 953 mujeres. En 201 mil 563 expedientes no se ha especificado el sexo de los perpetradores. Por estos hechos se han liberado 147 mil 124 órdenes de protección y brindado 921 mil 926 servicios.

Pese a ello, la realidad es que los gobiernos no han entrado al fondo del problema; no tenemos ciudades seguras y fracasaron las políticas de prevención y alertas de género. Grupos feministas acusan que los gobernantes no han puesto en práctica políticas integrales; considera que no hay acciones de fondo y sólo se han conformado con imprimir folletos y lanzar campañas de prevención.

Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, llamó a tomar medidas urgentes y eficaces para frenar lo que calificó como tragedia colectiva por la muerte y desaparición de niñas y mujeres. Él sabe que el poder judicial está obligado a revertir la tendencia de los feminicidios, violaciones y abuso sexual, pues las cifras son intolerables.

En ese sentido, el informe más reciente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) habla de los pendientes que tienen nuestro país para prevenir y erradicar las desapariciones. Recomienda que las fiscalías hagan su trabajo y consideren el tema como prioritario, pues se percibe una impunidad casi absoluta ante los casi 100 mil casos, en los cuales solo se ha dictado 36 sentencias. Advierte que si no se investiga y se sanciona a los responsables se robustecerá la sospecha de que el Estado se halla coludido con el crimen organizado.

Ha llegado la hora de que la sociedad civil ponga un ultimátum y exija al gobierno terminar con la impunidad y la complicidad que al parecer existe entre los cuerpos policiacos y los perpetradores de las desapariciones y crímenes atroces, que tanto dolor y tristeza ha ocasionado en miles de hogares mexicanos.

Ex diputada federal, asesora de AC Impulsa y colaboradora del STUNAM