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Columnas
Migrar es un derecho humano inalienable que no puede estar sujeto a discursos políticos ni estrategias de exclusión. Las recientes acciones del gobierno de Donald Trump, caracterizadas por deportaciones masivas y medidas deshumanizantes, representan una afrenta a los principios fundamentales de dignidad humana reconocidos internacionalmente. A tan solo días de iniciar su segundo mandato, Trump ha implementado una ofensiva migratoria que amenaza la estabilidad de miles de familias. Las medidas incluyen vuelos masivos de deportación, el despliegue de tropas en la frontera con México y un discurso que estigmatiza a las personas migrantes como “criminales”. Estas acciones no solo vulneran los derechos fundamentales de quienes migran, sino que también consolidan un patrón de deshumanización que impacta a comunidades enteras.En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó enérgicamente el trato hacia 88 brasileños deportados por Estados Unidos. Las denuncias de pasajeros que llegaron atados de pies y manos, sometidos a temperaturas extremas y sin acceso a agua potable reflejan una flagrante violación a la dignidad humana. Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que estas acciones son inaceptables en un estado democrático y anunció que su país coordinará una respuesta formal ante las autoridades estadounidenses.Por su parte, en Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó, inicialmente, la llegada de aviones militares con migrantes deportados. En un comunicado oficial, Petro afirmó que su gobierno no tolerará condiciones degradantes para sus connacionales. Señaló que Colombia recibirá a las personas deportadas en aviones civiles, sin esposas ni cadenas, respetando su dignidad. Ambos gobiernos han coincidido en reclamar el cumplimiento de los tratados internacionales y demandar que las deportaciones se realicen con humanidad.En este sentido en México, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), que preside el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, subrayó que la movilidad humana es un derecho que los Estados están obligados a proteger. En un pronunciamiento oficial, el GIDH denunció que las políticas migratorias de Trump violan los convenios internacionales de derechos humanos. Por este motivo, la organización llamó a la comunidad internacional a exigir el cese inmediato de las deportaciones masivas y a priorizar un enfoque de solidaridad y respeto en la gestión migratoria.Esta crisis no puede reducirse a una cuestión de seguridad nacional. Los estados deben asumir su responsabilidad en las causas estructurales de la migración, como la desigualdad, la violencia y el cambio climático. Negar estos factores equivale a ignorar la dimensión humana de un fenómeno que trasciende fronteras.Las políticas de exclusión no solo afectan a quienes son deportados, sino que también perpetúan narrativas de discriminación y odio en las sociedades receptoras. Los discursos que criminalizan la migración fomentan la xenofobia y erosionan los valores democráticos en los que deberían basarse las políticas públicas.Migrar no es un delito. Es una expresión legítima del derecho a buscar una vida mejor. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que las personas migrantes sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Las deportaciones masivas y las condiciones inhumanas representan una violación a este principio fundamental.La dignidad humana no puede ser negociada ni subordinada a un interés político. La migración, lejos de ser un problema, es una oportunidad para construir sociedades más diversas y solidarias. América Latina tiene el potencial de liderar una respuesta global basada en la justicia, el respeto y la humanidad.*Periodista | @JoseVictor_RdzPremio Nacional de Derechos Humanos 2017