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Diputada de Morena Hilda Brown rechaza acusaciones de EUA por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Nación
La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, negó tener conocimiento de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que la señalan por supuestos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa durante su gestión como alcaldesa de Rosarito, Baja California.
“Yo no he recibido ninguna notificación, ninguna llamada, ningún correo, me enteré por los medios de comunicación”, declaró la legisladora al ser cuestionada en San Lázaro, donde aseguró desconocer el contenido de los señalamientos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la acusó de haber colaborado con Alfonso Arzate García, exlíder local del cártel, y con el empresario Jesús González Lomelí, operador de la facción conocida como La Mayiza. Según el gobierno estadounidense, Brown habría facilitado el control de estructuras municipales a través de Candelario Arcega Aguirre, identificado como operador político del grupo criminal.
Pese a ello, la diputada morenista insistió en que no tiene nada que ocultar y que no existe notificación oficial en su contra. La declaración la dio acompañada por sus compañeros de bancada Fernando Castro Trenti y Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad.
Brown ha tenido una trayectoria cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó desde 2005 en tareas de organización política. En 2012 promovió el voto en su campaña presidencial, y en 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena, además de participar en la consulta nacional que canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Sobre el caso, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió no prejuzgar y esperar a que las autoridades mexicanas determinen si existen elementos para proceder. Explicó que, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de siete personas y 15 empresas señaladas por EUA, se trata únicamente de un “bloqueo administrativo” y no de un proceso penal.
“Debemos garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, no prejuzgar hasta que existan pruebas”, sostuvo Monreal en conferencia de prensa.
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JM/CR
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