La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años en México, ante el incremento de su consumo en niñas, niños y adolescentes y los riesgos que representan para la salud pública.
La propuesta, presentada por el coordinador de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, y respaldada por el diputado Emiliano Álvarez, contempla sanciones económicas de hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización (más de 226 mil pesos) para los establecimientos y plataformas digitales que incumplan con la restricción.
Durante la sesión, Álvarez subrayó que no es aceptable que menores de apenas 10 o 12 años tengan acceso irrestricto a estos productos. Advirtió que su ingesta puede provocar daños graves e incluso irreversibles, por lo que la iniciativa pretende proteger a una generación expuesta a un riesgo creciente.
El dictamen advierte que actualmente las bebidas energizantes se consiguen con facilidad en tiendas de conveniencia, zonas cercanas a escuelas y servicios de reparto en línea, lo que amplía su disponibilidad entre la población más joven.
De acuerdo con evidencia científica, estos productos contienen altas concentraciones de cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona y azúcares añadidos, sustancias que generan una sobreestimulación del sistema nervioso y del aparato cardiovascular.
Investigaciones nacionales e internacionales han documentado que en menores de edad su consumo se relaciona con alteraciones en el sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención y problemas de memoria. En casos severos, puede desencadenar hipertensión, arritmias, eventos cerebrovasculares e incluso muerte súbita.
Con el apoyo de 20 legisladores de distintas bancadas y con ajustes planteados por integrantes del PRI y del PAN, el proyecto fue avalado en la Comisión de Salud y será enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Si se aprueba en el Pleno, México se sumaría a otros países que han endurecido la regulación sobre las bebidas energéticas para reducir riesgos en jóvenes. Para la industria significaría un cambio drástico, ya que buena parte de su expansión se ha basado en el consumo adolescente, mientras que para el Congreso la prioridad es establecer una norma clara que salvaguarde la salud de las nuevas generaciones.