Dos años del culiacanazo y las redes de corrupción

Columnas miércoles 03 de noviembre de 2021 -

El 17 de octubre de 2019 estuvo marcado por el culiacanazo. Un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, por parte del Estado mexicano donde se capturó y, horas después, se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, debido a la respuesta violenta de los miembros del Cártel de Sinaloa.

Este evento marcó un antes y un después en la actual administración que entonces tenía menos de un año al mando del gobierno. Las autoridades justificaron su actuar al señalar que la vida de cientos de personas estuvo en riesgo, pues sicarios se movilizaron a los complejos habitacionales donde vivían familiares de soldados, liberaron a presos de penales, tomaron casetas, incendiaron vehículos, hicieron bloqueos y desataron balaceras en toda la ciudad. Los argumentos del daño social y la muerte de inocentes eran reales y legítimos.

Sin embargo, el culiacanazo dejó en claro que el Estado mexicano se replegó y que renunció a su función básica que es proveer de seguridad a las personas. Cuando se deja un criminal libre, especialmente cuando es hijo de El Chapo, se vuelve un territorio donde impera la ley del más fuerte y del más violento. A dos años del suceso, al parecer no existen esfuerzos para la detención de estos líderes criminales.

Hace unas semanas, se vio movilizarse a Los Chapitos (Iván, Jesús y Ovidio Guzmán) en Mazatlán, Sinaloa, resguardados por más de 50 hombres armados quienes, a diferencia de su papá que cumple una pena de cadena perpetua, no se esconden en la sierra y parecen disfrutar de una mayor movilidad. Da la sensación que su búsqueda se paró en seco y que no se va a reactivar, en el mejor de los casos, hasta 2024.

Para explicar la fortaleza del Cártel de Sinaloa es importante resaltar las redes de corrupción que lograron construir a lo largo de décadas. Dos juicios de relevancia tienen lugar en los Estados Unidos. Por un lado, el de Iván Reyes Arzate, quien hace unas semanas se declaró culpable de recibir al menos 290 mil dólares del Cártel de Sinaloa a cambio de informar sobre las investigaciones criminales entre México y Estados Unidos. Es un hecho sin precedentes que un oficial de alto rango del gobierno mexicano confiese haber dado protección a la cúpula más selecta de la organización de Sinaloa.

Por el otro lado, está el juicio en contra de Genaro García Luna que empezaría en octubre de 2022, en Nueva York. Esta fecha se fijó debido a la gran cantidad de datos que la fiscalía ha expuesto, cerca de un millón de páginas que integran el expediente en su contra y que deben de ser estudiadas por la defensa. La acusación central es que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir el tráfico de cocaína.

Como recordatorio, en 2018, Jesús Zambada García, hermano de El Mayo, reconoció frente el juez Brian Cogan, haber realizado dos pagos a García Luna para la protección de su familiar. El primero lo habría dado en 2005, cuando Luna estaba en la Agencia Federal de Investigaciones y ascendía a 3 millones de dólares. El segundo fue un pago de entre 3 y 5 millones de dólares, en 2007, cuando era ya Secretario de Seguridad Pública Federal.

Tanto Reyes Arzate como García Luna son una clara muestra de las redes de corrupción que creó el Cártel de Sinaloa y que representó su crecimiento al amparo de las autoridades de seguridad. La corrupción es sin duda una de las aristas para la explicación del narcotráfico actual.

No obstante, otra de las aristas es la responsabilidad por la inacción de la actual administración en el combate a los grupos criminales.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00