Habitantes de la colonia San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, se enfrentaron a personal de la Fiscalía General de Justicia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un intento por impedir la detención de un hombre tras el aseguramiento de un predio ubicado en el número 20 de la calle Francisco Villa.
El conflicto estalló tras el desalojo de la familia Vargas Aranda, resultado de una investigación por despojo. Aunque los agentes lograron arrestar a un hombre, tuvieron que recorrer un largo tramo para salir del lugar. Durante el operativo, los gritos de los vecinos resonaban en las calles, exigiendo la liberación de Marco Antonio Mendoza.
Mientras los agentes avanzaban hacia un vehículo gris, fueron confrontados por un grupo de cinco hombres corpulentos que acorralaron y golpearon al agente del Ministerio Público encargado del desalojo. A pesar de la agresión, el agente consiguió avanzar hasta el vehículo.
Una vez dentro de la unidad con el detenido, la situación se intensificó. Varios sujetos comenzaron a golpear el auto, y a pesar de los esfuerzos del conductor por evadirlos, tres hombres se aferraron al parabrisas mientras el vehículo retrocedía. Finalmente, el auto se detuvo, permitiendo que más personas se subieran al toldo y atacaran con patadas, puñetazos, palos y piedras, rompiendo ventanas y parabrisas.
Los policías formaron una valla para proteger la salida de la unidad, convirtiéndose en el blanco de los furiosos habitantes de San Juan Tlihuaca. Con solo sus escudos, los uniformados resistieron la embestida de la multitud.
Raquel Almazán, representante legal de los ocupantes, calificó el desalojo como ilegal, argumentando que el predio era habitado por sus legítimas dueñas, las hermanas Vargas Aranda, quienes en ese momento estaban acompañadas por seis menores. Según Almazán, la orden de desalojo se basaba en una reclamación de Juana Juárez Ledezma, integrante de la Asamblea de Barrios grupo Legaria.
Vecinos de la zona señalaron que el predio ha sido objeto de disputas por parte de diversas agrupaciones que aseguran haberlo comprado, aunque no se les ha permitido tomar posesión.del resguardo de efectivos, en las calles se escuchaban los gritos de la gente que pedían no dejarlos salir y la liberación de Marco Antonio Mendoza.
Conforme avanzaban, hasta donde los esperaba un vehículo gris, la gente salía para impedirles el paso y se dio un primer enfrentamiento con cinco hombres corpulentos que acorralaron al agente del Ministerio Público que ejecutó el desalojo, al que le lanzaron varios golpes, pero logró avanzar.
A pesar de que abordaron la unidad con el detenido, varios sujetos empezaron a golpear el auto sin que los uniformados pudieran evitarlo. El conductor trató de evadirlos y se echó en reversa, pero tres hombres se sujetaron al parabrisas cuando circulaba en reversa hasta que se detuvo.
Fue cuando varios aprovecharon para subirse al toldo, lanzaron patadas, puñetazos y otros más se les unieron con palos y piedras con los que rompieron las ventanas, el parabrisas y medallón.
Los policías capitalinos hicieron una valla para que la unidad pudiera salir, pero se convirtieron en el blanco de los habitantes de San Juan Tlihuaca y con sólo sus escudos aguantaron a la turba.
La representante legal de los ocupantes, Raquel Almazán, señaló que el desalojo fue ilegal porque el predio era ocupado por las dueñas, las hermanas Vargas Aranda, quienes en ese momento se encontraban con seis menores.
Aseguró que la orden de desalojo señalaba que Juana Juárez Ledezma reclamaba el predio, pero que la mujer es integrante de la Asamblea de Barrios grupo Legaria.
Habitantes de la zona señalaron que el predio ha sido reclamado por algunas agrupaciones que aseguran les fue vendido, pero al intentar tomar posesión no se los han permitido.