Espionaje, ciberseguridad y elecciones

En el complejo entramado de la era digital, México se encuentra ante desafíos cruciales en materia de ciberseguridad. La premisa fundamental que se impone es la urgencia de que los legisladores en el Congreso de la Unión asuman la responsabilidad de adecuar el marco legal. Este llamado a la acción cobra especial relevancia en una etapa de precampaña electoral, donde los riesgos de manipulación digital son una amenaza latente.

La seguridad digital no puede considerarse una mera opción; es un pilar fundamental para preservar la soberanía y defender nuestra democracia. La complejidad del entorno digital en el que vivimos exige una respuesta legislativa urgente, especialmente ante la posibilidad de contenidos digitales apócrifos diseñados para desvirtuar figuras políticas, un fenómeno que ya ha dejado su huella con audios, fotos y videos falsos.

La realidad contemporánea nos confronta con la penetración ineludible del entramado digital en todos los aspectos de nuestras vidas. En este contexto de interconexión, la seguridad jurídica en materia digital presenta grietas significativas, haciendo imperativa una acción legislativa inmediata. La protección de nuestras instituciones y de la sociedad frente a la proliferación de información artificial, o falsa, demanda una respuesta urgente.

Es crucial recordar que, al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma que considera los delitos electorales como violaciones graves al marco legal. Esta acción ha disuadido a potenciales infractores y ha elevado la percepción de riesgo en la comisión de delitos en este ámbito.

Los legisladores federales, diputados y senadores, deben integrar reformas al marco jurídico que permitan sancionar acciones comprometedoras para la gobernanza pública, llevadas a cabo mediante información artificial o falsa, o métodos tecnológicos avanzados, como la inteligencia artificial, la invasión de datos personales o la alteración de información política.

La aspiración de crear una regulación moderna y robusta en ciberseguridad se fundamenta en la premisa de adoptar un enfoque multidimensional. Este debe no solo abordar los ataques cibernéticos que amenazan a instituciones públicas y privadas, sino también adaptarse a la complejidad del entorno tecnológico actual.

Aunque México ha implementado algunos elementos para contrarrestar amenazas cibernéticas, es imperativo inspirarse en naciones líderes en desarrollo tecnológico y jurídico. La respuesta a la ciberseguridad debe trascender fronteras; México debe desempeñar su papel de manera eficiente y evitar que se repitan casos como el espionaje masivo conocido como “Pegasus”, que vulneró información personal a políticos, periodistas y activistas; con un objetivo meramente político.

La ausencia de una institución coordinadora en México es un vacío crítico que debe llenarse. La creación de una agencia nacional cibernética, autónoma y eficiente, se presenta como una necesidad ineludible para afrontar los desafíos. La ciberseguridad no es simplemente un asunto técnico; es un compromiso que requiere una estrategia nacional y una coordinación sin fisuras, se convierte en un acto de defensa, de seguridad nacional y de respeto a los derechos de las personas.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017