Por una investigación periodística que exhibió al servicio de inteligencia del gobierno mexicano, se supo de la compra irregular de un programa informático para espionaje telefónico a diversos personajes de la política nacional incluido al propio presidente -entonces candidato-, su familia y círculo cercano. El controvertido software israelita de grado militar conocido como Pegasus fue adquirido por las dos anteriores administraciones de la extinta Policía Federal para su área de inteligencia con el obvio propósito de combatir al crimen organizado, fortalecer las capacidades gubernamentales contra los ciberdelitos que vulneran la seguridad nacional y, como siempre lo han hecho los gobiernos en todo el mundo, contar con una herramienta de seguimiento a los actores políticos de la oposición, grupos sociales o desestabilizadores y posibles células guerrilleras o terroristas. La Alemania de la post guerra lo hizo eficazmente con sus ciudadanos y burócratas.
Lo mismo sucede en Estados Unidos, Rusia, Israel, Inglaterra, Francia o países de América Latina, todos se sienten vulnerables ante presiones del exterior o grupos internos que atentan contra el establishment; de tal suerte que el espionaje es una práctica ilegal y políticamente incorrecta, pero de gran ayuda para los líderes de todo el mundo.
En México, Miguel Alemán creó la Dirección Federal de Seguridad -dependiente de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior del país-, para contrarrestar inicialmente las actividades de la CIA durante la Guerra Fría, y le encontró utilidad para espiar y atacar a los grupos desestabilizadores que atentaban contra el sistema y la fortaleza monolítica del gobierno. Al “Cachorro de la Revolución” se debe esa práctica cotidiana de los regímenes contemporáneos, sobre todo durante la guerra sucia, cuando se combatió a disidentes, líderes sociales o estudiantiles, guerrilleros, comunistas y desde entonces a uno que otro periodista. En la sede del Archivo General de la Nación -antigua Penitenciaría de Lecumberri-, se encuentra una sala entera con las transcripciones del espionaje que realizaron los agentes de la DFS, el CISEN y los nuevos órganos de inteligencia con que cuenta el gobierno. El espionaje es un tema de seguridad nacional que no puede soslayar ningún Estado. No es criticable la acción preventiva, sino el uso indiscriminado y hasta de chantaje que se hace de él. Urge una reglamentación del ciberespacio y en especial del espionaje, no solo del que hace el Estado mismo, sino del industrial o de particulares, cuyo marco legal está rebasado.
En la historia reciente se ha dado mucho el espionaje telefónico de personajes políticos, incluso desde que “El Jefe” Diego era miembro distinguido del PAN y denunció la burda grabación de que fue objeto una reunión de su partido con un micrófono que colgaba de lo alto de un salón en un hotel de Morelia hace algunos ayeres, o los reclamos de legisladores que han sido escuchados por quien sabe quién. Recientemente, la moda son las videograbaciones que exhiben conductas ilícitas.
Hay que actualizar la regulación de esas actividades por parte del Estado, pero también sancionar con rigor las grabaciones o videos que se filtran y muestran esas conductas ilegales, porque solo sirven para exhibir y, eventualmente, castigar a los infractores, pero nadie exige que se persiga al autor del espionaje. Si, hay que castigar al que comete un delito, pero es igual de reprobable utilizar medios ilícitos, sofisticados o rupestres, para obtener información o evidencias, así sea el gobierno mismo, burócratas oficiosos o particulares con conflicto de interés. Hasta ahora, por la legislación laxa que tenemos no ha habido sanciones punitivas para los espías.
Hay que crear un nuevo marco jurídico para los ciberdelitos o prácticas de escucha con nuevas tecnologías. Mientras tanto, Pegasus es otro espantapájaros que solo confirma la vocación de oreja del gobierno mexicano.
Apostilla: Recomendable sobre el tema “La vida de los otros”, película alemana del 2006.
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