Carlos Augusto Fernández Raigosa, un exintendente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue condenado a siete años de prisión tras aceptar su participación en una red de trata de personas, en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía recopiló información que reveló cómo Fernández Raigosa reclutaba jóvenes en Medellín, coordinando su traslado a Francia, donde eran sometidas a explotación laboral y sexual. Entre los años 2022 y 2023, mientras estaba en servicio activo en la estación La Candelaria, en el centro de Medellín, el exintendente contactó a varias mujeres ofreciéndoles trabajos como modelos en Francia, prometiéndoles un sueldo fijo.
Según detalló la Fiscalía, "como requisito para viajar, les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior, material que luego era enviado a cabecillas internacionales para su aprobación". Tras recibir el visto bueno de la organización, las mujeres tomaban vuelos desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro hacia Madrid o Barcelona, y posteriormente eran trasladadas a ciudades francesas como Marsella, Niza y Montpellier.
Una vez en Francia, las víctimas descubrían que sus fotos y videos habían sido publicados en plataformas virtuales donde se ofrecían servicios sexuales. Además, eran obligadas a prostituirse para pagar una deuda impuesta por la red criminal, atrapándolas en un ciclo de explotación.
Junto con la pena de prisión, un juez penal especializado de Medellín impuso a Fernández Raigosa una multa de 1,750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.