Los fiscales federales en el caso de Genaro García Luna argumentaron que los cargos por actividades que facilitaron el narcotráfico iniciaron en 2001 hasta 2020, aún después de que dejó sus puestos oficiales en 2012 e informó al juez encargado del caso que cuentan hasta ahora con 15 testigos de seguridad pública y 6 testigos “cooperantes”.
En respuesta a una solicitud de los abogados de la defensa de García Luna para desechar varios de los cargos y exigir mayores detalles sobre los testigos de la fiscalía, presentada el 14 de octubre ante el tribunal federal en Brooklyn donde se prepara el juicio, los fiscales afirman que el acusado utilizó sus altos puestos oficiales para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.
La acusación, precisa, es que “entre enero de 2001 y julio de 2020, el acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y que, en 2018, después de mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta en su intento por conseguir la ciudadania estadunidense”.
Los abogados de la defensa encabezados por César de Castro argumentan que se debe descartar 4 de las acusaciones contra su cliente, alegando que éstas se formularon más de 5 años después de las supuestas actividades ilícitas que se alega cometió cuando ocupaba puestos oficiales y por lo tanto ya expiró el estatuto de limitaciones.
Pero en su respuesta registrada ante el tribunal, el fiscal federal Brean Peace y su equipo de cuatro fiscales asistentes afirman que esas actividades continuaron hasta julio de 2020 -o sea, aún después de haber sido arrestado García Luna y encarcelado por las autoridades estadunidenses en 2019. Indican que la defensa está argumentando que cuando García Luna dejó el gobierno en 2012, ahí concluyó su participación en las actividades ilícitas.