Claudia Bolaños
El Gobierno de México informó la conclusión del proceso de reparación integral a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz.
De acuerdo con el comunicado, el Estado asumió el caso con un enfoque centrado en las víctimas y sus familias, priorizando la atención con base en principios de respeto, cercanía y dignidad.
La Secretaría de Gobernación coordinó un esfuerzo interinstitucional en el que participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, así como instancias del sector salud, el gobierno de Oaxaca y organismos vinculados al proyecto ferroviario.
El despliegue incluyó a 236 servidores públicos que brindaron atención directa a las víctimas y sus familias en diversas entidades del país e incluso en el extranjero, con servicios médicos especializados, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.
Según lo informado, el 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso de reparación fueron atendidas. Las autoridades señalaron que, por razones de protección de datos personales, no se dieron a conocer los montos de las compensaciones, aunque aseguraron que cumplen con estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral.
El gobierno destacó que este proceso no se limitó a una indemnización económica, sino que incluyó atención continua en salud, apoyo emocional y acompañamiento legal, con el objetivo de atender de manera integral a las personas afectadas.
Con la conclusión de este proceso, el Estado mexicano señaló que cumple con su responsabilidad y reafirma su compromiso con la atención a víctimas, así como con los principios de justicia y verdad.
El accidente del Tren Interoceánico ocurrió en la Línea Z, a la altura de Salina Cruz, Oaxaca, y dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de heridos, varios de ellos con secuelas permanentes.
El hecho, acontecido el pasado 28 de diciembre, evidenció fallas en la operación del servicio ferroviario y generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló el proyecto, particularmente en materia de seguridad, supervisión y mantenimiento.
Tras el siniestro, autoridades federales iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades, mientras que víctimas y familiares denunciaron retrasos en la atención médica, así como dificultades en el acceso a la justicia y a la información sobre el caso.
El accidente se convirtió en un punto de atención pública debido a las implicaciones en la implementación del Corredor Interoceánico y a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.