México merece una fiscalización del gasto público que deje de ser un ejercicio reactivo y burocrático para convertirse en una herramienta viva, inteligente y cercana a la gente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como pilar constitucional de la transparencia y la rendición de cuentas, tiene la oportunidad histórica de dar ese salto durante el periodo 2026-2034.
En mi responsabilidad al frente de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, comprobé que la transformación es posible. Al finalizar mi gestión, prácticamente el 90% del total de las auditorías de la ASF correspondieron al gasto federalizado. Y el 92% del monto pendiente por aclarar en la Cuenta Pública 2024 fue resultado de lo observado a los entes públicos de las entidades federativas y alcaldías.
Sin embargo, ese éxito no se debe limitar sólo al ámbito subnacional. La innovación puede —y debe— extenderse a las auditorias a los poderes de la Unión, organismos autónomos, entidades de control directo y paraestatales. El reto es equilibrar el Programa Anual de Auditorías y sus resultados.
El eje central de mi propuesta es construir una Auditoría Inteligente. Generalizar la digitalización, incorporar la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos para detectar patrones de riesgo (anomalías en contratos, colusión, factureras, sobreprecios) y transitar de revisiones retrospectivas a predictivas con alertas tempranas. Esto reduce tiempos, costos y carga administrativa sin sacrificar rigor.
La tecnología no reemplaza al auditor humano; lo potencia, liberándolo de tareas rutinarias y mecánicas para enfocarse en el análisis cualitativo y creativo.
Pero la modernidad no basta si no va acompañada de inclusión y equidad. La fiscalización debe considerar las asimetrías regionales y la diversidad social. Por eso propongo auditorías con perspectiva de género, indígena y social —que midan no solo legalidad, sino el impacto equitativo en mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y zonas marginadas—, así como canales reales de cercanía con la ciudadanía: denuncias accesibles, resultados en lenguaje sencillo y educación cívica.
La independencia es innegociable. La ASF debe blindarse con autonomía presupuestaria plena, selección meritocrática de personal y mecanismos sólidos contra conflictos de interés. Solo así ejercerá su misión sin presiones ni favoritismos.
Finalmente, urge fortalecer la colaboración interinstitucional, la transparencia total del ciclo auditor (incluyendo la etapa de seguimiento de las acciones de auditoría y su eventual solventación) y generar indicadores de desempeño que hablen con números claros a la sociedad, eliminando cualquier percepción de sesgo político.
México necesita —y merece— una ASF moderna, inteligente, incluyente y transparente, con visión de Estado. Una institución que incremente sustancialmente la percepción de riesgo entre los entes auditados dado el rigor y la precisión de sus resultados.
Me manifiesto firmemente en contra de la relección. La ASF por su naturaleza debe estar abierta a la renovación y no ponerla en riesgo de anquilosamiento.
Aspiro a que la ASF sea el órgano fiscalizador más avanzado de América Latina y un referente a nivel internacional.