Por Óscar Reyes Flores
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó “respetuosamente” al Poder Ejecutivo y Legislativo detener la reforma electoral, que según la iglesia católica es “regresiva” tras 25 años de la realización de procesos electorales.
Por lo que hicieron un llamado a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que “son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”.
“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, informó la CEM en un comunicado.
La iglesia católica expresó su “franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-”, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral la cual es una iniciativa del Ejecutivo Federal y que está en proceso en la Cámara de Diputados.
“Por su orientación y motivos es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, apunta el desplegado.
Sin embargo, el Artículo 130 de la Constitución Mexicana señala que, los ministros de los cultos, nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
Foto: Cuartoscuro